Desde la Dictadura de Primo de Rivera, viene siendo una constante cada Semana Santa la participación de los poderes del Estado en las procesiones y actos encabezados por los representantes de la Iglesia Católica, convirtiendo estos actos en un autohomenaje de los poderes públicos y privados: Iglesia, Ejército, fuerzas de seguridad y políticos al servicio de la oligarquía.

A pesar de que la Constitución neofranquista del 78 declara al Estado “aconfesional” en su artículo 16.3: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, la no derogación del Concordato firmado entre la Iglesia y el gobierno franquista en 1953 dejaron la puerta abierta para mantener los ancestrales privilegios de la Iglesia Católica. Además, este artículo abrió la puerta a la presencia en las instituciones públicas de toda suerte de supersticiones y creencias -además de la católica- negando el carácter neutral de las mismas. En la práctica, el Estado español es confesional. La financiación directa a la Iglesia Católica supera los 11.000 millones de euros, más la financiación a los centros educativos católicos, la subvenciones autonómicas y municipales, las subvenciones a actos como la Navidad, Semana Santa, Corpus, Cruces de Mayo, así como financiación del mantenimiento del patrimonio propio como el apropiado de forma ilegítima a través de las inmatriculaciones.

A esto hay que añadir el origen inquisitorial de la “fiesta” en el S.XVI, tras nuestra conquista y el incumplimiento de las capitulaciones (acuerdos entre Estados) con las que muchas ciudades andaluzas aceptaron la soberanía castellana a cambio de mantener sus lenguas, costumbres, instituciones y religión. El incumplimiento de estas capitulaciones y la posterior creación del Tribunal de la Santa Inquisición fueron el inicio de las procesiones que tenían un carácter de castigo y adoctrinamiento hacia aquella población que no cumplía los mandatos de la Iglesia Católica.

Quinientos años después, esta celebración continúa con los mismos principios sobre los que fue creada: el adoctrinamiento de la población y la exaltación de los poderes del Estado, con las fuerzas de seguridad y políticos como protagonistas “bajo palio”.

Quinientos años de aculturación, manipulación y asimilación, regados ahora con dinero público y con horas y horas de propaganda en los medios, han hecho creer al Pueblo Trabajador Andaluz que es el protagonista de una fiesta que fue creada por el poder colonial de Castilla en Andalucía para nuestro sometimiento.

Resulta lamentable que estas celebraciones estén financiadas por las instituciones con dinero público -es decir de todas- tengamos o no creencias religiosas y sean estas del tipo que sean. Más lamentable aún es que consistorios gobernados por partidos que se dicen de “izquierdas” financien y participen en estos festejos. Sin ir más lejos Anticapitalistas -con su alcalde de Cádiz, Kichi, al frente- faltan al compromiso con el Pueblo Andaluz cuando no luchan contra la confesionalidad de las instituciones, sino que la refuerzan. Una vez más los votos y los sillones prevalecen, fortaleciendo las instituciones que oprimen, sobre la necesaria pedagogía política que requiere Andalucía para su liberación.

Nación Andaluza ya en nuestra XIV Asamblea Nacional del 2018 nos posicionábamos de una forma clara sobre la confesionalidad del Estado:

“…el Estado español, una vez más, recurre a la Iglesia Católica para dirigir a la clase trabajadora hacia posicionamientos que no cuestionen la autoridad moral del Estado ni de sus gobernantes, siendo uno de los principales escollos para que exista una posibilidad real de cambio. No solo cuestiones morales como el aborto o el matrimonio homosexual, ponen de manifiesto su inmovilismo; la participación de miembros de sectas católicas como el Opus Dei y otras en los gobiernos del PP, así como su participación económica en grandes corporaciones capitalistas, les hacen enemigos de toda transformación social que beneficie a la clase trabajadora. La paulatina privatización de la educación y la sanidad, está poniendo en manos de la Iglesia la principal herramienta de progreso que tiene una sociedad…”.

La militancia de Nación Andaluza trabajamos desde todos los ámbitos para concienciar al Pueblo Trabajador Andaluz sobre la necesidad de una Andalucía laica y exigimos que las instituciones no financien actos religiosos de ninguna confesión. Además proponemos otras medidas como la no participación en los mismos de cargos electos o funcionarios públicos, la prohibición de recibir financiación pública (tanto de las instituciones andaluzas como de personas y organismos exteriores), la prohibición de que las órdenes religiosas puedan abrir centros de enseñanza y sanitarios, la devolución de la Mezquita de Córdoba y de todo el patrimonio robado por la inmatriculaciones eclesiásticas.

¡No a la financiación pública de ritos religiosos!

¡Por una Andalucía libre y laica!

Permanente de la C.N. de Nación Andaluza.

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