La dictadura brasileña se inició en Brasil con el golpe de estado del 31 de marzo de 1964 que derrocó al gobierno democrático del presidente João Goulart e instauró una dictadura militar encabezada por Humberto de Alencar Castelo Branco.

Durante el período de gobierno militar, se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. El régimen militar aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política. Adoptó formalmente el nacionalismo, el desarrollo económico, y el anticomunismo como banderas oficiales.

El golpe de estado recibió un amplio apoyo de medios de comunicación privados,​ también de gran parte del empresariado, de los propietarios rurales, parte de la Iglesia católica, varios gobernadores de estados importantes y amplios sectores de clase media y media alta. Estos medios de comunicación habían realizado una campaña con miras a convencer las personas que Goulart llevaría Brasil a un gobierno similar al de la Unión Soviética y de la República Popular China, es decir, un gobierno comunista,​ mientras se decía que «lo que es bueno para los Estados Unidos es Bueno para Brasil«.​

475 personas murieron o desaparecieron por motivos políticos en aquellos años.​ Ese número puede ser mayor si tenemos en cuenta la extensión territorial de Brasil, la ausencia de estudios estadísticos, el elevado número de peticiones de indemnización, la no inclusión de algunas personas en la lista de desaparecidos o el rechazo a incluir a aquellos cuyos familiares no hicieron denuncia.

El actual presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, no considera que esta dictadura fuese sangrienta, sino que simplemente se trató de una «salvación» para no caer en manos del comunismo. Se visión de esos años es incluso que fue demasiado blanda: «El error de la dictadura fue torturar y no matar«, aseguró Bolsonaro en 2016 durante una entrevista en una radio brasileña.

Su opinión es compartida por el actual jefe del Ejército de Tierra brasileño, el general Edson Leal Pujol, que declaró al medio digital UOL que las Fuerzas Armadas no se arrepentían de aquel golpe militar y remarcó que la dictadura había servido para “impedir la implantación de un régimen totalitario de izquierda y comunista en Brasil”. “Tenemos que agradecer a aquellas personas que impidieron eso”, llegó a decir.

Sin embargo, Leal en lugar de ser castigado, o cuanto menos vilipendiado por sus declaraciones en pos de la intolerancia, ha recibido de mano del Gobierno de Pedro Sánchez la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco según consta en el listado publicado el pasado 15 de junio en el Boletín Oficial del Estado, donde el nombre del militar brasileño aparece junto a otros altos mandos militares españoles.

La orden está firmada por la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, representando a un gobierno progresista que reconoce de esta manera méritos a militares fascistas, y por el rey Felipe VI, heredero directo de un régimen fascista.

Pero respondamos a la pregunta que da título a este artículo: El Gobierno ha condecorado a un militar fascista porque se lo ha propuesto el Ejercito de Tierra. En declaraciones a Público del Ministerio de Defensa, este aclaró que es debido a «la estrecha relación que este ejército mantiene con el brasileño a lo largo del tiempo”.  “Esta vinculación entre ambos ejércitos es la que justifica la concesión de la medalla al general Leal”, asegura.

Por lo tanto, el Ejercito de Tierra español mantiene buenas relaciones con el ejercito de un país rendido al fascismo y el Gobierno progresista de España decide, sin preguntas, acceder a sus peticiones para premiar la intolerancia y a la ultraderecha. La otra opción es que nuestro Gobierno no se informase antes de regalar medallas al mérito militar, pero eso es imposible, ¿no?