Luis Bará
Diputado del BNG en el parlamento gallego


Estamos en los tiempos de la política espectáculo. Triunfa el disfraz, el decorado, el oportunismo, la inmediatez, la vacuidad. Política metonímica, que juega con las ideas y con los símbolos, que los manipula, que los envuelve para venderlos en el mercadeo electoral. 

Bajo el brillo de los focos, el panorama político español resplandece de mediocridad. Pero hay cosas que unen mucho. E patriotismo constitucional, por ejemplo. O el ejército, con su fuerza de convicción “democrática” y sus tétricos desfiles de exaltación militarista. A diestra y siniestra, todas las fuerzas políticas del arco parlamentario español se unen en la misma causa.

Mientras se resquebrajan los fundamentos de una transición fraudulenta, unos y otros se embarcan en la cruzada del centralismo patriótico.Todos los poderes del Estado se conjuran en un repliegue reaccionario, negador de la diversidad y del pluralismo. La administración de justicia cumple con docilidad y con pulcritud su papel. Su lema lo dice todo: “más dura será la caída”. Los platós de televisión y las tertulias radiofónicas casi nunca (o nunca) tienen micrófonos para los mínimamente divergentes. Las columnas de opinión y los editoriales de los medios del sistema repiten las consignas sobre la ley, el orden, la unidad y la grandeza de la democracia española. El pluralismo brilla por su ausencia.

En el fondo tienen miedo. Se les nota a leguas de distancia. Les asusta la democracia, la diversidad, la discrepancia, la confrontación en igualdad de condiciones de todas las ideas. Les desasosiega la tenacidad con que una parte de la sociedad defiende sus derechos y no se doblega. 

La restauración borbónica española tiene aún muchas cuentas pendientes, desafíos que tienen que ver con los fundamentos mismos de una democracia y su homologación internacional. Algunas de estas cuestiones, relegadas del debate público, hablan de silencio, de impunidad, de expolio y de derechos fundamentales que no pueden ser ejercidos. Son demandas de una parte de sociedad, exigencias de verdad y justicia que no se pueden sacrificar en el altar del bien común de una falsa “reconciliación”, impuesta por el chantaje y por la fuerza coercitiva de las armas.

Hay otras cuentas pendientes. Por mucho que lo silencien, que lo nieguen, que lo repriman, hay un problema territorial sin resolver en el Estado español, que tiene que ver con en reconocimento de la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos que lo integran. Y con el ejercicio del derecho a la libre determinación, reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Estado español tiene miedo a la democracia. Tiene miedo a las urnas y a los referendums. Tiene miedo a la negociación política. Tiene miedo al descrédito internacional, porque la realidad no resiste la comparación con lo que ocurre en Reino Unido con Escocia, en Dinamarca con Groenlandia y las Feroe, o en Canadá con Quebec.

En lugar de hacerse preguntas, en lugar de mirarse en el espejo de democracias más avanzadas, reacciona con la violencia de las instituciones, todas a una, ejerciendo un poder omnípodo, reaccionario, vengativo.

Y la represión y la venganza son las armas del miedo.

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