La Fiscalía ha considerado los seis asaltos de un grupo de jóvenes, conocidos como «La manada de Manresa» contra una menor de 14 años en estado de embriaguez un delito de abuso y no de agresión porque no medió «violencia o intimidación».

Los abogados de la víctima acusan a seis hombres de haber violado a la niña en una caseta abandonada durante un botellón en octubre de 2016. El juicio contó con los testimonios de los seis jóvenes y de un séptimo, acusado de masturbarse mientras presenciaba los hechos sin haberlos impedido.

El por qué de esta consideración se encuentra en una interpretación que la Fiscalía hace del Código Penal sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Según esta normativa, la diferencia entre abuso y agresión radica en el empleo de violencia para cometer el acto sexual. No hay consentimiento en ninguno de los casos, pero el matiz entre uno y otro está en la fuerza física y en la intimidación. La agresión sexual conlleva más pena cuando hay penetración.

Esta calificación de «abuso» en lugar de «agresión» se produce a las puertas de un probable cambio del Código Penal, que considerará todo ataque sexual como «agresión» o como «violación», pero también pocos días después de la sentencia del Supremo contra La Manada, que envía un mensaje de dureza hacia comportamientos sexuales de desigualdad.

La Fiscalía admite que no hubo consentimiento, pero, al mismo tiempo, mantiene que no se produjo ni violencia ni intimidación, por lo que se ha centrado en todo lo que le ofrece el capítulo II de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual del actual Código Penal.

Es decir, todo lo que castiga y aumenta las penas del «abuso sexual»: la falta de consentimiento, una víctima menor de edad y con la voluntad anulada por las drogas, una situación de superioridad y un acto en grupo. Toda esa carga también podría estar en la «agresión sexual», pero conllevaría penas más altas y entroncaría con el espíritu de la reforma del Código Penal y con el del Tribunal Supremo.

Sólo habría bastado que la Fiscalía hubiera entendido que existió violencia o intimidación, pero no lo entendió así y los acusados solo podrán ser juzgados por penas que oscilan entre los 10 y los 12 años de cárcel, las máximas dentro de esa calificación. Es necesario actualizar de una vez el Código Penal para que no vuelvan a producirse sentencias de este tipo y que estos juicios sean ejemplares para evitar más agresiones sexuales, sobre todo a menores.

 

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1 Comentario

  1. no hubo violencia ni intimidacion pqe estaba borracha y se aprovecharon pqe asi no se enteraria ni reaccionaria
    Estos jueces tienen muy poca empatia humana

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