A pesar de los llamados del líder del PP a la transparencia en la gestión pública, su partido no cumple con las obligaciones legales de hacer públicos los sueldos de sus dirigentes

“La mentira es el lenguaje del mal”, dijo una vez el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. Y si hay un ámbito donde la mentira parece ser una práctica común, es la política. Los políticos, independientemente de su ideología, a menudo utilizan la falsedad como herramienta para conseguir sus objetivos. Ya sea para ganar votos, para justificar una decisión impopular o para ocultar información, las mentiras políticas son una constante en nuestra sociedad. Pero, ¿qué impacto tienen estas mentiras en la democracia y en la confianza de los ciudadanos en sus líderes?

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha hecho un llamado a la transparencia en la gestión pública en varias ocasiones, denunciando la opacidad del Gobierno y comprometiéndose a ofrecer toda la información si llega a la Moncloa. Sin embargo, el PP no cumple con la obligación de hacer públicos los sueldos de sus dirigentes, incluyendo el salario del presidente, la dirección y la tesorería, tal como lo exige la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada hace una década bajo la mayoría absoluta de su propio partido y con Mariano Rajoy como presidente.

El PP ha atacado al Gobierno en diversas ocasiones con la falta de transparencia, tanto en el ámbito nacional como internacional. El llamado caso Mediador ha dado pie a otros dirigentes del PP a reclamar claridad al Ejecutivo, exigiendo la revelación de los nombres de los diputados que se reunieron con el supuesto conseguidor de la trama y solicitando una comisión de investigación parlamentaria sobre el escándalo.

El PP también ha utilizado la gestión de los fondos europeos para socavar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pero el intento de Feijóo de usar de forma partidista una misión del Parlamento Europeo, incluso para asuntos como la ley del ‘sólo sí es sí’, no ha podido esgrimir ningún titular favorable en su favor.

Sin embargo, el PP incumple la Ley de Transparencia al no hacer públicos los sueldos de sus dirigentes, a pesar de que la ley obliga a hacerlo, y su sitio web de Transparencia contiene muchos enlaces que no funcionan, llevan a páginas inexistentes o apuntan a documentos de hace años. El partido no ha respondido a las preguntas de los medios sobre la ausencia de información.

También en el Senado

En la Cámara Alta, la declaración de bienes de Feijóo no incluye sus retribuciones adicionales al sueldo de senador. Aunque fue nombrado líder del PP en abril de 2022, no asumió su cargo en Madrid hasta finales de mayo, lo que le permitió declarar solo el salario que recibió en 2021 como presidente de la Xunta. La normativa de las Cortes especifica que solo deben declararse las rentas percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración. A pesar de que la ley obliga a diputados y senadores a informar sobre sus bienes patrimoniales cuando modifiquen sus circunstancias, Feijóo no ha cambiado las suyas y por lo tanto, puede evitar rendir cuentas ante el Senado. El PP se niega a cumplir con la ley de transparencia en este sentido.

El sueldo bruto anual de Feijóo en la Cámara Alta en 2022 era de 70.121 euros, aunque ha aumentado hasta los 72.952,6 euros debido a ciertos conceptos, como la “indemnización” por los gastos relacionados con la actividad en la Cámara. Aunque supuestamente es un senador desplazado desde Galicia, Feijóo vive en Madrid y es propietario de un piso que compró en 2021.

En solo dos años, el patrimonio de Feijóo ha crecido en más de 600.000 euros gracias a la venta de una vivienda en Moaña, que nunca se incluyó en sus declaraciones de bienes ante la Xunta o el Parlamento de Galicia y que en su lugar apareció como dos depósitos bancarios de medio millón de euros, un plan de pensiones y una cantidad de dinero en cuenta corriente de casi 200.000 euros.

Feijóo nunca detalló públicamente su paso de la política gallega a la madrileña, lo que resulta preocupante en términos de transparencia.

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