La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, viajará a Marruecos el viernes 24 y mantendrá un encuentro con su homólogo, Nasser Bourita, según fuentes de su Departamento. La nueva ministra deja claro, igual que sus antecesores, que Marruecos es un socio estratégico de primer nivel para España.

Sin embargo, la mochila de ataques a los derechos humanos del país africano es demasiado pesada. El reino de Marruecos viola la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y personas LGBTI, y los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Libertad de expresión

Según denuncia Amnistía Internacional, las autoridades marroquíes hostigan a periodistas, blogueros, artistas y activistas por expresar sus puntos de vista pacíficamente. Durante 2019 se condenó al menos a cinco a penas de prisión por «insultar» a funcionarios públicos.

Marruecos también limitó los derechos a la libertad de asociación y reunión al evitar que algunos grupos críticos con las autoridades puedan operar, y usaron fuerza innecesaria o excesiva para dispersar manifestaciones en Marruecos y el Sáhara Occidental.

A 43 personas se les confirmaron sus condenas a hasta 20 años de prisión en relación con protestas de justicia social en 2017 en la región del norte del Rif en un juicio manifiestamente injusto.

La Ministra de Asuntos Exteriores debe interceder ante las autoridades marroquíes para promover activamente el respeto al ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, especialmente en relación al Sáhara Occidental y al Rif.

Según Amnistía, esto incluye revocar las leyes que penalizan actividades relacionadas con el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión; no hacer uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones; permitir la inscripción de las organizaciones independientes en el registro oficial, y poner fin a la intimidación de activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, y a su procesamiento por cargos de aparente motivación política.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya

Situación de las mujeres

Según una encuesta nacional sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres realizada entre enero y marzo de 2019, más de la mitad de las mujeres marroquíes habían sufrido violencia, pero solo el 6.6% de las supervivientes habían presentado denuncias ante las autoridades por falta de confianza en la capacidad de las mismas para llevar a cabo una investigación adecuada y llevar ante la justicia a los responsables.

Aunque se aprobó una ley para la prevención de la violencia contra las mujeres en 2018, los mecanismos para su implementación siguen siendo débiles. Por esta situación insostenible, las mujeres en Marruecos se enfrentan a discriminación y violencia sexual.

El aborto está penalizado en todas las circunstancias, a menos que la salud de la mujer embarazada esté en riesgo y su cónyuge acepte el procedimiento, lo que restringe la toma de decisiones autónoma de las mujeres.

Amnistía Internacional solicita al gobierno español que en sus reuniones con las autoridades marroquíes apoye la despenalización urgente del aborto y pida la derogación de todas las demás leyes que discriminan a las mujeres.

LGBTI

La policía hostiga a las personas LGBTI debido a su orientación sexual o identidad de género en el país africano. Las personas que sufren ataques homofóbicos y transfóbicos no presentan denuncias debido al riesgo de arresto bajo el Artículo 489 del Código Penal.

En 2020, las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo son un delito punible en Marruecos con hasta tres años de prisión en virtud del mismo artículo.

Para mantener relaciones estratégicas con Marruecos, las autoridades españolas deben xigir reformar este artículo con el objetivo de que se respeten los derechos de las personas LGBTI y no sufran más discriminación ni persecución en Marruecos.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

La cooperación entre España y Marruecos en materia de control fronterizo y migratorio y la expulsión ilegal de migrantes de terceros países desde Ceuta y Melilla a Marruecos plantean serias preocupaciones a raíz de reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes contra migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

Amnistía Internacional celebra la decisión de la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla adoptada por el Ministro del Interior, aunque considera que también habría que eliminar la concertina que está en el lado marroquí por presentar la misma peligrosidad.

Es preocupante la introducción en la Ley de Extranjería española de la figura del «rechazo en frontera» únicamente aplicable en las ciudades de Ceuta y Melilla, a través de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en un intento de amparar las expulsiones en caliente en el perímetro fronterizo de ambas ciudades.

Asímismo, las expulsiones sumarias que se están realizando a través de la frontera, sin cumplir con todas las garantías previstas en la normativa española y en las normas internacionales, deben ser detenidas.

La organización pide que se revise la cooperación con Marruecos mientras no se garantice que las políticas de Marruecos de control migratorio tienen como prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.