La “ley antiboicot” de 2011, conocida formalmente como Ley para Prevenir Daños al Estado de Israel mediante el Boicot, convierte en ilícito civil pedir el boicot de una entidad por su afiliación a Israel o a un territorio bajo su control, incluidas las entidades que operan en asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados.

Esta enmienda, introducida en 2017 a la Ley de Entrada a Israel, prohíbe conceder un visado de entrada a Israel (y, por tanto, a los Territorios Palestinos Ocupados que están bajo control israelí) a todas las personas que publiquen a sabiendas, o trabajen con una organización que publique a sabiendas, un llamamiento al boicot tal como se define en la ley de 2011.

Tanto la Ley para Prevenir Daños al Estado de Israel mediante el Boicot de 2011 como la enmienda de 2017 a la Ley de Entrada a Israel son contrarias a las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Debe depender de cada persona y cada organización determinar qué estrategias pacíficas desea utilizar para promover los derechos humanos. La petición de boicots, desinversión y sanciones es una forma de libre expresión que debe ser protegida. Quienes piden boicots deben poder expresar sus opiniones libremente y llevar a cabo sus campañas sin acoso, amenazas de procesamiento o criminalización, u otras medidas que violan el derecho a la libertad de expresión.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro del Interior israelí, Arye Deri, han negado la entrada a dos congresistas estadounidenses, apoyado por el Presidente de los EE.UU. Donald Trump a través de su cuenta de Twitter en los que califica a los dos congresistas de antisemitas.

El gobierno israelí califica automáticamente de antisemita a cualquiera que se atreva a criticarle y, sin embargo, permite la entrada libre a dirigentes mundiales acusados de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como generales de Myanmar o el presidente Duterte de Filipinas, y recibe orgulloso a líderes identificados con el apoyo a grupos neonazis y antisemitas, como primer ministro de Hungría, Orbán, o el presidente de Brasil, Bolsonaro.

Donald Trump sigue una línea que causa un grave daño a quienes defienden sus derechos fundamentales. La oposición a las políticas de un gobierno o el aborrecimiento de los graves abusos contra los derechos humanos no son ni antisemitismo ni odio hacia un país o hacia su población.

Israel debe poner fin a los asentamientos ilegales, acabar de la detención injusta de activistas de Palestina, incluidos menores de edad, y el respetar del derecho a la libertad de circulación y a la libertad de expresión en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.

Israel prohíbe la entrada al país basándose en las opiniones políticas de quienes lo critican. Criticar las políticas israelíes no constituye violencia, no es antisemitismo, solo crítica.

 

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