Federico Velázquez de Castro González
Presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental (AEEA)


Cada vez vamos siendo más conscientes de la realidad del cambio climático, cuyas evidencias las observamos en el aumento global de las temperaturas medias, las olas de calor, los incendios forestales severos, las sequías, la pérdida de hielo polar y continental, las precipitaciones torrenciales o la fuerza inusual de tornados y huracanes. También, por las informaciones que nos llegan sobre las Cumbres internacionales, en las que los representantes de los gobiernos intentan avanzar, con vacilaciones, para frenar las emisiones de los gases de efecto invernadero y favorecer la transición energética.

Sin embargo, en los últimos dos años, tanto los países más vulnerables, particularmente los insulares, como los movimientos que han surgido desde la sociedad civil, han ido modificando el antiguo término por el de crisis o emergencia climática. ¿Por qué este cambio?

Ya advertía el Panel de Científicos, el IPCC, en octubre de 2018, que disponíamos sólo de 12 años para lograr que los cambios en el clima no se volvieran irreversibles. Si tenemos en cuenta que la concentración actual de dióxido de carbono se sitúa alrededor de las 415 partes por millón (una cantidad desconocida en la historia de la humanidad) y que su evolución, como la del metano o el óxido nitroso (otros gases invernaderos más potentes), son exponenciales, hay fundados motivos para la preocupación y el apremio en la toma de decisiones.

Si continuáramos demorándonos, los océanos irían ganando temperatura y acidificándose. Un mar más cálido, acentuaría los procesos meteorológicos, haciéndolos más violentos, modificaría el sentido de las corrientes que regulan el clima de nuestro planeta e invadiría, por dilatación térmica y fusión de glaciares, el litoral,  elevando su nivel entre 10 y 68 centímetros, avanzando así tierra adentro. Teniendo en cuenta que más de un 50% de la población vive a menos de 60 kilómetros de la línea de costa, los movimientos migratorios que se generarían serían difíciles de imaginar, provocando una reubicación sin precedentes de la población mundial.

Y si la temperatura continuara ascendiendo (hoy tenemos ya 1,1º como media sobre los valores normales), el permafrost, esa capa helada que constituye la tundra en amplias zonas del norte de Europa, Asia y América, podría deshelarse liberando ingentes cantidades de metano (un gas invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono), incluso virus de enfermedades erradicadas (como la viruela o la gripe española), que se conservan fósiles a temperaturas muy bajas. El efecto sería entonces multiplicativo.

Hoy en ciencia se trabajan con escenarios, y los anteriores están entre los contemplados. Por ello, se habla de emergencia, de crisis, de no perder tiempo para establecer compromisos vinculantes que conduzcan a la descarbonización, dejando bajo tierra la mayor parte de los combustibles fósiles. Las administraciones autonómicas y locales, así como los ciudadanos también deben contribuir con políticas de ahorro y eficiencia en la edificación e interior de las viviendas, movilidad sostenible (lo que ayudaría también a limpiar el aire urbano), dietas de proximidad y con bajo consumo de carne (por los impactos de la ganadería en el fenómeno) y reducción del consumo, el gran azote del medio ambiente.

Por esta razón, veremos en los próximos meses frecuentes movilizaciones, especialmente de los jóvenes, que ven razonablemente en riesgo su futuro. Estamos ante un gran desafío colectivo, desde los gobiernos a los ciudadanos, en el que la humanidad debe estar a la altura. Nos va en ello la supervivencia, no sólo de gran parte de la biodiversidad del planeta (que no deja de enviarnos señales de alerta con su declive), sino también (y esta vez va en serio) de nuestra propia especie.

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