¿Por qué no un suelo de ingresos en vez de un techo de gasto?

Rafael Silva

Como vivimos en el mundo de la difusión masiva de los bulos, mantras y falacias del pensamiento neoliberal, es decir, el pensamiento dominante, pues resulta que un terreno donde más existen es precisamente el terreno económico, sobre todo el de la macroeconomía, es decir, el relativo a los grandes gastos del Estado (Presupuestos, arquitectura fiscal, opacidad de determinadas partidas, etc.). Pues bien, una de esas falacias que nos viene contaminando desde hace varios años es el concepto tan extendido del Techo de Gasto (en adelante, TG). Bien, y ¿qué es básicamente el TG? Podríamos decir que es la cantidad que el Gobierno se autoimpone en relación a la limitación al conjunto de gastos que el Estado tendrá que efectuar durante todo el ejercicio presupuestario. Es decir, es la cantidad que el Gobierno marca como tope para los gastos a efectuar durante el año correspondiente. ¿De dónde viene esta idea? Pues parece ser que viene de la asimilación que el pensamiento neoliberal realiza entre cómo funciona una familia en cuanto a la gestión de su economía, y cómo debe funcionar el Estado. Nosotros ya explicamos en este artículo de nuestro Blog que esta comparación no es correcta, por las enormes diferencias entre un ente y otro.

Bien, pues tomando esta falacia de partida (la política fiscal está llena de ellas), el pensamiento económico dominante aplica este concepto del TG a cada presupuesto anual, e incluso lo acuerda con el Parlamento, y a partir de ahí confecciona los Presupuestos Generales del Estado (en adelante, PGE) para el siguiente ejercicio. Nosotros exponemos y estamos convencidos de que se puede partir de la base de un planteamiento completamente distinto. El Estado debe comenzar por poner sobre la mesa la satisfacción de las mínimas necesidades vitales de su población, y en ese sentido, debe recopilar qué nivel de inversión y de gasto público necesitaría durante el próximo período presupuestario, de tal forma que estas necesidades quedaran cubiertas. Es decir, que el punto de partida inicial no sería un tope (TG) como marca el pensamiento económico dominante, sino todo lo contrario: un mínimo necesario para que el Estado pueda ser garante de sus funciones públicas. La idea, de esta forma, sería promover por parte del Gobierno un suelo suficiente de inversión y gasto público que garantice el cumplimiento y el desarrollo de las políticas comprometidas, los programas y los proyectos en materia de pensiones, prestaciones por desempleo, subvenciones públicas, etc., que fueran necesarias.

El discurso político y el enfoque económico entonces cambian radicalmente, pues de lo que se trataría es de condicionar la política económica, fiscal y presupuestaria al logro de este suelo de ingresos. Este nuevo enfoque permitiría además partir de la base (del convencimiento y la decisión política) de que hemos de alcanzar unos porcentajes mínimos sobre el PIB para poder financiar determinados servicios públicos fundamentales, tales como por ejemplo un 7% para Sanidad, un 5% para Educación, un 2% para Servicios Sociales, etc. Pero para poder alcanzar estas medidas, éstas deben ser asumidas desde la determinación de un suelo de ingresos, en vez de un techo de gasto, que permita plenamente la consecución de estos objetivos presupuestarios. La filosofía presupuestaria cambia radicalmente, como podemos comprobar. Enseguida saldrán los paladines de la economía neoliberal a decir que es muy fácil “prometer la luna”, y a preguntarnos de dónde vamos a sacar los ingresos de dicho suelo necesario. Y nosotros debemos responderles que de varias fuentes, a saber:

1.- Reversión de la modificación que se efectuó en 2011 del Art. 135 de la Constitución, anulando la obligatoriedad del pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto social. Una vez conseguido este punto, realizar una Auditoría Democrática de la Deuda Pública, procediendo a una declaración de impago de aquel montante de la misma que resulte de origen ilícito, ilegal u odioso, o bien cuyo pago resulte probadamente insostenible. Con la parte de la deuda restante, proceder a una renegociación del pago de la misma (téngase en cuenta que actualmente, sólo el pago de los intereses de la deuda consume más de 1/3 del presupuesto).

2.- Continuando con los cambios a la Carta Magna, blindar en ella todo el conjunto de derechos sociales, económicos y culturales de la población.

3.- Una vez nos hemos dotado de un marco normativo adecuado al más alto nivel, proceder a la elaboración de un suelo de ingresos que sea realista con la totalidad de las inversiones que se necesitan para garantizar la financiación de todos los servicios públicos, mediante:

• Reforma Fiscal Progresiva (esto es, impulsar una reforma general del sistema tributario a nivel estatal para que su garantice su progresividad, se aumente la presión fiscal sobre las rentas más altas, los grandes patrimonios y los márgenes de beneficio de las grandes empresas y bancos; en este sentido, proponemos también una nueva cultura fiscal que grave la especulación y el patrimonio de los que más tienen, y que penalice la contaminación y el consumo de recursos comunes).
• Revisar todo el sistema de bonificaciones y deducciones fiscales para que no contradigan la progresividad antes aludida, y no se transformen en privilegios para las rentas más altas. Así mismo, equiparar la presión fiscal sobre las rentas del capital a las rentas del trabajo. Igualmente, reformar el Impuesto de Sociedades, aumentando su progresividad y subiendo los tipos efectivos de tributación por lo menos al 25% (actualmente, la gran empresa está tributando en la práctica a un ridículo 6%).
• Facilitar la lucha contra el fraude fiscal y perseguir a los grandes defraudadores (esta medida conlleva la dotación de más medios personales y tecnológicos a la propia Agencia Tributaria).
• Desarrollar medidas para una fiscalidad ecológica a través de impuestos o tasas que graven las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), la generación de residuos (especialmente los más peligrosos), los vertidos a las aguas litorales, etc.
• Creación de impuestos especiales a la riqueza, tal como un Impuesto General sobre el Patrimonio (IGP), un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), etc.

Con todo este conjunto de medidas, estamos convencidos de que sería posible evaluar para cada ejercicio presupuestario el suelo de ingresos que necesitaría el Estado para sufragar las inversiones y gastos sociales mínimos, y además hacerlo desde las bases de la justicia social. ¿Se puede? Sí, se puede. La pregunta entonces es….¿Pero se quiere?