Victoria Portas
Portavoz de COESPE
Os voy a contar la historia de una pareja, Paco y María, ambos trabajaban en la misma empresa.
Cuando llevaban 29 años y seis meses, a María se le enferma su madre Lola de Alzheimer y dado que su pensión es una no contributiva, sus ingresos no le dan para contratar a alguien que la cuide, ni para poder ingresarla en una residencia de la tercera edad y muchísimo menos esperar a una plaza en una residencia pública. El problema de Lola es algo que no puede esperar.
Dado que la empresa se niega a una flexibilidad horaria, acuerdan que sea ella la que se acoja a un contrato a jornada parcial para poder hacerse cargo de su madre dependiente.
Pero la empresa seis meses más tarde va a la quiebra y cierra. Paco y María se quedan sin trabajo tras 30 años, pero creen que podrán sobrevivir una temporada, mientras no encuentren otro trabajo de su prestación de desempleo.
Como ambos tenían una base de cotización de 1500 €, a Paco le dan una prestación por desempleo de 1050 €/mes durante seis meses y luego 750€/mes, pero resulta que a María le conceden la pensión de 525 €/mes los seis primeros meses y luego, los 18 meses siguientes, por valor de 375 €/mes.
Tras agotar la prestación de desempleo son incapaces de encontrar trabajo y por ello solicitan el Subsidio, o lo que todos conocemos como ayuda familiar y nuevamente Paco le conceden 30 meses de prestación a 426 €/mes mientras que a María le conceden los 30 meses pero a 223 €/mes.
El 74.07% de los contratos parciales involuntarios son de mujeres
En definitiva Paco acaba percibiendo un total de 32.580€ en prestaciones mientras que María, por culpa de un contrato a tiempo parcial de seis meses, obligado y no deseado, por el cuidado de una persona dependiente, responsabilidad del Estado en el que vivimos, acaba percibiendo un total de 16.590 € en prestaciones.
María no solo pierde 16.590 € en prestaciones, tras 30 años de trabajo con una cotización de 1500 €, sino que los pierde por haberse hecho cargo de una persona dependiente, y malvive con unas prestaciones que no le dan ni para pagar el recibo de la luz.
En nuestro país, casi dos millones de personas mayores viven solas, ante la imposibilidad de que sus hijas/os se puedan hacer cargo de los mismo por no renunciar a darles de comer a su propia descendencia.
Nuestro sistema actual perpetúa las desigualdades efectivas entre Hombres y Mujeres, a lo largo de nuestra vida, se nos hace escoger entre alimentar a nuestras hijas o cuidar a nuestros mayores, somos nosotras las que sin duda sufrimos la mayor desigualdad en materia de prestaciones con un 39% de brecha en la actualidad. Somos un 92.16% de mujeres las que ya ni tenemos ni buscamos trabajo por que ésta sociedad nos ha cargado el rol de cuidadoras (de menores, personas adultas enfermas o con discapacidad) y aún encima el sistema nos penaliza llevándonos a le extrema pobreza.
Es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidarse a través de políticas específicas.
Es pues, una necesidad perentoria reflexionar sobre los efectos que provoca el actual sistema en las personas que dedican parte de su vida a los cuidados (actividad indispensable para la sostenibilidad de la sociedad) y repensar posibles alternativas para superarlo.
La economía de cuidados es un factor que produce valor económico a la sociedad, invertimos nuestro tiempo en pro de mantener la vida de aquellos que no pueden valerse por sí mismos, cubriendo una función de la cual el Estado es responsable.
Las mujeres exigimos el cumplimiento, como si de un derecho de tutela se tratase, que se nos reconozca la contraprestación correspondiente y lucharemos hasta lograrlo, pues nuestra situación es algo que ya no puede esperar más.
