Javier F. Ferrero

El Día Internacional de las Personas de Edad, el 1 de octubre, tiene que servir para poner de manifiesto y destacar las reivindicaciones de la ONU sobre la promoción del disfrute pleno e igualitario de todas las personas mayores a los derechos humanos y las libertades fundamentales, garantizado a través de unas políticas públicas adecuadas por parte del gobierno.

Según la Encuesta Condiciones de Vida de 2017, del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 aumentó 1,8 puntos el riesgo de pobreza entre las personas mayores de 65 años. La encuesta está basada en criterios armonizados para todos los países de la Unión Europea y su objetivo fundamental es disponer de una fuente de referencia sobre estadísticas comparativas de la distribución de ingresos y la exclusión social en el ámbito europeo, por lo que se considera la medida más exacta para conocer el estado de las personas de edad en nuestro país.

Es fundamental que nuestros mayores cuenten con una pensión que les permita una vida digna, lo que no está garantizado en la actualidad. Estamos ante un efecto directo de la decisión del Gobierno del PP de actualizar las pensiones por debajo del IPC, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, error que se está intentando corregir desde las asociaciones en defensa de nuestros mayores.

La Comisión del Pacto de Toledo alcanzó un principio de acuerdo para que la revalorización de las pensiones esté vinculada a la inflación, tomando como base el Índice de Precios al Consumo (IPC). Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones (COESPE), la asociación de pensionistas más importante de nuestro país, indican al respecto que «la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, ya se producía desde hace muchos años, por tanto no se nos regala nada, corrige una injusticia que el PP y el PSOE habían provocado«. «El Art. 102 de la OIT firmado y asumido por el Reino de España, así lo reconoce, de la misma forma que lo hace la Carta Social Europea«, sentencian desde la coordinadora.

Los recortes sociales como la modificación de la protección a la dependencia, la reducción de ayudas y prestaciones sociales, el copago farmacéutico, entre otros, han contribuido a empobrecer a un grupo de población que cada día gana más peso relativo en una sociedad que envejece y el gobierno no está corrigiendo. «No compartimos en absoluto estas políticas del palo y la zanahoria, ahora os amenazo con que el sistema es insostenible, y después os doy el IPC«, indican sobre este tema desde COESPE.

España necesita urgentemente una política integral de protección y cobertura de las necesidades de las personas mayores, tanto de las que cuentan con un buen estado de salud y que son independientes, con actuaciones como la promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo; como de aquellas que necesitan de una atención más intensa e individualizada, por estar en situación de dependencia.

Según la COESPE,»es necesario un debate abierto a toda la sociedad, que aborde todos los problemas del Sistema Público de Pensiones y una mesa de negociación y dialogo donde además de otros colectivos implicados, estén representados los verdaderos afectados«.

Las políticas relacionadas con la vejez y con el envejecimiento activo deben ser una prioridad en la agenda política, y tener su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.