Mientras la Fiscalía Anticorrupción pide al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que tome declaración como imputadas a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, el Partido Popular presenta en el Tribunal Supremo un escrito en el que informa a los magistrados que analizan los recursos a la sentencia del caso Gürtel, en el que fue condenado como partícipe a título lucrativo, de que la Audiencia Nacional ha aceptado estudiar dos recusaciones planteadas contra uno de los magistrados que la dictó José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que la dictó.

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Se trata en concredo del fallo de la pieza principal del caso Gürtel, la llamada Época 1, en la que se certificó la existencia de una caja b en el partido y en la que se consideró a este beneficiario, si bien involuntario, del “sistema de corrupción institucional” orquestado entre altos cargos de la formación, como el extesorero Luis Bárcenas, y las empresas de Francisco Correa.

La formación pretende con ello anular el fallo por una supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial. Los abogados del PP han encontrado una palanca para sus intereses en la recusación del magistrado progresista José Ricardo de Prada, uno de los tres firmantes de la sentencia de la trama central de Gürtel, por supuesta falta de apariencia de imparcialidad.

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El PP planteaba tres motivos de recusación contra el juez, todos ellos recogidos en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero era tener “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”. El partido alegaba que el magistrado mantiene una amistad notoria y estrecha con Baltasar Garzón, primer juez instructor del caso Gürtel, y con la ministra de Justicia en funciones y exfiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado. Este motivo fue desestimado para su estudio, ya que ni Garzón ni Delgado son parte en el procedimiento de Gürtel.

El interés del PP en este magistrado en concretoo deriva, según el PP, de su “notoria cercanía y relación” con el PSOE, que lo propuso como vocal del Consejo General del Poder Judicial en el intento fallido de renovación del pasado noviembre. En su escrito de alegaciones contra la recusación, De Prada negó tener una relación con el PSOE.