Este miércoles, la Diputación Permanente del Congreso debate la petición de comparecencia por parte del PP de siete ministros del Gobierno de Pedro Sánchez para pedir explicaciones por la ola de incendios, los datos de empleo, el CNI, la sequía, las vacunas frente a la viruela del mono e incluso el incidente del tren en Bejís.
Los populares piden la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, para abordar los incendios forestales, la situación de sequía o el decreto energético.
A la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, le exigen que explique “qué medidas de urgencia está aportando el Gobierno para evitar la cronificación de la inflación y la ineficacia de las medidas adoptadas hasta el momento”.
La Diputación Permanente debatirá acerca de si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, debe comparecer para abordar la destrucción del empleo, o si debe hacerlo la titular de Transportes, Raquel Sánchez, para aclarar por qué un tren se aproximó al incendio forestal de Bejís.
Además reclaman la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para informar acerca de las vacunas frente a la viruela del mono y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para dar explicaciones sobre la retirada de agentes del CNI en País Vasco y Cataluña, y sobre el despliegue de tropas ante la amenaza rusa en el este de Europa.
Completa la lista el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que pretenden que informe acerca de la mesa de diálogo con Cataluña, que se reunió por tercera vez el pasado 27 de julio.
El plan de ahorro energético, el principal elemento de controversia entre el Gobierno y el PP y las autonomías donde gobierna
El pasado 1 de agosto, el Gobierno aprobaba por vía de real decreto un Plan de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo en el contexto de la guerra de Ucrania, un plan que ha sido el principal elemento de controversia a lo largo del verano entre el Gobierno y el PP y las autonomías donde gobierna, que pidieron su retirada.
Los populares votarán en contra de un decreto en el que han calificado de frívolas las medidas de subir el aire acondicionado o bajar la calefacción, a pesar de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, abogó por este tipo de políticas el pasado 21 de julio.
Antes de las vacaciones, los populares se abstuvieron en la aprobación de otro decreto del Gobierno que prorrogaba el paquete original de medidas anticrisis y que incluía novedades como ayudas directas de 200 euros a familias vulnerables o las rebajas del 50% en el abono transporte, dejando así la puerta entreabierta a que esta vez los de Feijóo tampoco intentaran tumbar un Plan de Contingencia que avala Bruselas.
Elías Bendodo: “De entrada, nuestra postura es ‘no'”
Sin embargo, este lunes, Elías Bendodo ha despejado cualquier duda. “De entrada, nuestra postura es ‘no'”, ha manifestado. Además advirtió al Ejecutivo de que debían eliminar las frívolas medidas si querían contar con su apoyo, a pesar de que algunas de ellas habían sido reclamadas por Feijóo semanas atrás.
En Moncloa consideran que el nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del principal partido de la oposición no ha traído ningún cambio respecto a Pablo Casado a la hora de buscar entendimientos.
Para defender su voto en contra los populares alegan una falta de diálogo con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios. “Si el Gobierno tiene un compromiso adquirido con Bruselas, el siguiente paso sería hablar con las comunidades, con el sector privado”, ha insistido este mismo martes el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Sin embargo, eso es algo que el Gobierno sí hizo.
El Ministerio de Transición Energética ha mantenido hasta siete reuniones de trabajo con empresas energéticas, asociaciones de consumidores, comunidades autónomas y también con otros grupos políticos, incluido el PP, durante el verano.
Solo la Comunidad de Madrid se mostró abiertamente crítica con el texto del decreto
Según el Gobierno, solo la Comunidad de Madrid se mostró abiertamente crítica con el texto del decreto mientras el resto de representantes mostraron voluntad de colaboración, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue adelante con su amenaza de impugnar judicialmente el decreto de ahorro energético, una actuación validada por el equipo de Feijóo que anunció que si alguna comunidad autónoma considera que se invaden sus competencias tiene la libertad absoluta para poder recurrir.
