PP, Ciudadanos y Vox rechazaron en el Pleno de la Asamblea Regional la proposición de ley del PSOE para modificar las normativas reguladoras sobre juegos y apuestas en la Región de Murcia al entender que es el Gobierno regional el que debe elaborar este tipo de leyes

Murcia «tiene la mayor densidad de salas de juego, con 368», dijo el socialista Alfonso Martínez puntualizando que pedanías murcianas como El Palmar disponen de «tantas salas de juego como hay en toda Barcelona». Martínez justificó la presentación de esta proposición de ley porque la normativa actual está «obsoleta» y data del año 1995.

El socialista denuncia que la zona se ha convertido «en el mayor casino de Europa y en una fábrica de generar ludópatas», afirmando que la «inactividad del Gobierno regional ha permitido que se impongan los intereses económicos por encima del interés social y de la salud pública». También pidió al PP y a Ciudadanos que «no vuelvan a torpedear» la propuesta del PSOE para regular el juego en la Región, como se hizo en la pasada legislatura.

El diputado de Podemos Rafael Esteban, cuyo grupo fue el único que apoyó al PSOE en la proposición de ley, expuso que el futuro de la juventud «está en juego» y abogó por «limitar los poderes detrás de esa industria porque afecta a los barrios más deprimidos, suplicando las salas de juego y se les incentiva fiscalmente».

Con las tres derechas en contra

El PP pidió al PSOE que retirasen la proposición de ley. La ‘popular’ Miriam Guardiola incidió en que la Comunidad cuenta con una de las normativas «más protectoras y restrictivas impidiendo que haya máquinas de juego en locales de hostelería». En ese sentido afirmó que el PP está «plenamente sensibilizado» con las consecuencias de la adicción al juego y que está «comprometido sin condiciones en la lucha contra la adicción y la apuesta».al.

Francisco Álvarez, de Ciudadanos, coincidió en la necesidad de regular este tipo de actividades y de sacar adelante una ley en este sentido. No obstante, señaló que su grupo está en un gobierno de coalición, por lo que entienden que debe ser el gobierno el que elabore la ley en un plazo de seis meses «y salve las deficiencias que los servicios jurídicos han establecido sobre la ley del PSOE».

Por parte de Vox, María Isabel Campuzano se mostró de acuerdo en la elaboración de una nueva legislación «más adecuada a la realidad», pero considera que esta debe ser de ámbito nacional. Campuzano propone que desde todos los grupos parlamentarios se inste al Gobierno nacional a estudiar una nueva ley del juego que proteja a la sociedad de los efectos del juego. Su grupo considera que debe ser el gobierno el que elabore la ley.

Declaraciones variadas y políticamente correctas pero que frenan un absolutamente necesario control de este sector. En el Reglamento de la ley debe tener cabida también el juego ‘online’, que se regule la distancia de salones de juego y centros educativos y sanitarios, parques y jardines, entre otras propuestas.

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