Si bien el indulto es una medida de gracia mediante el cual el Gobierno excluye de cumplir la pena (aunque no la sentencia ni los antecedentes) a un condenado, su uso ha sido en ocasiones controvertido por la trascendencia social de los delitos cometidos.

Las derechas pretenden crear una controversia ante los indultos a los presos políticos catalanes y por ello, dos años y cuatro meses después de la ‘foto de Colón’, PP, Vox y Ciudadanos han vuelto este domingo a la madrileña Plaza de Colón para movilizar a la calle contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del conflicto catalán.

Sin embargo, la memoria parece que falla en estos casos y es alarmante que se trate el tema con tal ligereza en algunos en concreto. El gobierno de Felipe González indultó en 1988 al exgeneral Alfonso Armada, uno de los dirigentes del intento golpista del 23-F.2 En 1998 José María Aznar indultó a José Barrionuevo y Rafael Vera, políticos socialistas condenados por el caso GAL. José Luis Rodríguez Zapatero indultó al banquero Alfredo Sáenz Abad, número dos del Banco Santander, e intentó eliminar sus antecedentes penales.

La mayoría de los beneficiados de los indultos del gobierno de Mariano Rajoy fueron agentes de policía condenados por agresiones y torturas o traficantes de drogas, aunque el caso más mediático fue el indulto a un conductor temerario que acabó con la vida de una persona al conducir por sentido contrario por una autopista.

Un indulto en dirección contraria

El 1 de diciembre de 2003, José Alfredo Dolz, un joven de 25 años, fallecía en la autopista de peaje AP-7 al chocar frontalmente contra un vehículo que conducía en dirección contraria. Ramón Jorge Ríos Salgado, el conductor kamikaze, fue condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción grave, con desprecio para la vida de los demás.

Tras acceder al peaje de Silla de la AP-7, Ríos Salgado cogió un tique y, tras circular un tramo de autopista, efectuó un giro de 180 grados y empezó una carrera suicida de cinco kilómetros en dirección contraria. Hasta nueve coches tuvieron que apartarse para evitar el impacto hasta que se estampó contra el coche de José Alfredo.

Sin embargo, Ríos Salgado solo pasó 10 meses entre rejas. El 2 de febrero de 2012 ingresaba en el centro penitenciario de Alicante tras la ratificación de la condena por parte del Tribunal Supremo. Solo le quedaba recurrir al Tribunal Constitucional y pedir el indulto.

El abogado que defendió al conductor kamikaze, Esteban Astarloa, es hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, que fue subsecretario de Justicia en el periodo 2000-2002. La estrategia que usó fue que el acusado sufrió aquella tarde un supuesto ataque epiléptico, algo que todas las instancias han desechado: Ríos Salgado solo tuvo un ataque de epilepsia en su vida, y fue el día del accidente. El 7 de diciembre de 2012 el Ministerio de Justicia publicaba en el BOE su indulto.

Unos meses más tarde, el 21 de marzo de 2014, la lucha de la familia del fallecido logró que el kamikaze regresase a prisión después de que el Tribunal Supremo anulara el indulto concedido por el Gobierno y de que la Audiencia de Valencia ordenara su reingreso. El Tribunal Supremo jamás había tirado por tierra una decisión gubernamental en delitos de sangre, pero dada la gravedad del indulto, de los 36 jueces, 19 votaron a favor, mientras que 17 lo hicieron en contra.

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