Según confirman fuentes de la Consejería de Educación a eldiario,es, el Ejecutivo formado por PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de la extrema derecha blindará por decreto el veto parental exigido por Vox. Más de 230 organizaciones y asociaciones habían firmado un manifiesto, tanto a nivel regional como nacional, en apoyo a su retirada.
El veto parental permite a los padres censurar parte del programa educativo decidiendo si sus hijos acuden o no a actividades complementarias que forman parte del currículo escolar, como charlas de diversidad LGTBI, racismo, feminismo o protección medioambiental.
Este blindaje llega con algunos matices:
- El decreto obligará ahora a los alumnos a asistir a la actividad o charla complementaria a menos que exista un no expreso de los padres en lugar de imponer el ‘sí’ expreso.
- En el caso de que las charlas sean impartidas por empleados públicos no será necesaria dicha autorización familiar.
- Las acciones formativas coordinadas desde la Consejería de Salud, que son impartidas por enfermeras y médicos, no podrán ser prohibidas por los padres.
El endurecimiento mediante un decreto del veto parental ya vigente en Murcia desde septiembre a través de una instrucción a los centros escolares saltó a la palestra después de que los socios del Gobierno murciano alcanzaran un acuerdo de Presupuestos con Vox que incluía en principio el blindaje legal de la polémica medida.
Las críticas suscitadas y el anuncio de que el Gobierno acudirá a los tribunales, llevaron en un principio a Ciudadanos a dar marcha atrás, pero finalmente han cedido y han formado, de nuevo, el triunvirato perfecto de las derechas: todas de acuerdo con tal de estar en el poder.
La noticia es toda una declaración de guerra al Gobierno progresista. El Ministerio de Educación había trasladado al Ejecutivo de PP y Ciudadanos en Murcia un requerimiento para que procediera a derogar la instrucción vigente sobre el veto parental por vulnerar el artículo 27 de la Constitución y varios tratados internacionales suscritos por España. El Ejecutivo acudirá, según lo indicado, a lo tribunales para acabar con esta medida represora.
