El Gobierno de Carlos Mazón, con la colaboración imprescindible de la extrema derecha de Vox, ha dado un paso más en su cruzada contra la identidad cultural y lingüística de la Comunidad Valenciana. Con el pretexto de la “libertad de elección”, han puesto en marcha un sistema de votación en el que 570.000 familias deciden en qué lengua estudiarán sus hijos e hijas, sin criterios pedagógicos ni garantía alguna de equidad. Un modelo que no solo amenaza con reducir drásticamente la presencia del valenciano en las aulas, sino que además rompe la cohesión escolar, fomenta la segregación y hace saltar por los aires la organización de los centros educativos.
Este nuevo ataque a la lengua propia no es un hecho aislado. Forma parte de una ofensiva ideológica de la derecha y la ultraderecha para arrinconar cualquier expresión cultural que no encaje en su visión centralista, españolista y ultraconservadora. El valenciano molesta a Mazón y a sus socios de Vox. Y si molesta, se borra.
El anterior modelo lingüístico, aprobado en 2018 bajo el Gobierno de Ximo Puig, establecía un sistema equilibrado en el que cada centro educativo decidía su modelo en función de su realidad social y lingüística. El PP y Vox han reventado este consenso para imponer un sistema que precariza la enseñanza del valenciano y lo condena a la desaparición.
La nueva normativa establece que en las zonas de predominio castellano, el valenciano solo tendrá un 10% de presencia en el currículo. En las zonas de predominio valencianohablante, la cifra tampoco es alentadora: el máximo permitido es del 52,7%, un umbral diseñado para reducir progresivamente el uso del valenciano en la educación.
Además de la evidente intencionalidad política de esta medida, su aplicación es un auténtico disparate organizativo:
Clases descompensadas: Un aula puede tener 25 alumnos y la de al lado 17, simplemente por la elección lingüística.
Segregación del alumnado: La normativa fuerza una distribución basada en el idioma en lugar de criterios pedagógicos, lo que puede generar desigualdades educativas y concentración de alumnado con necesidades especiales en determinadas aulas.
Tensión en las familias: No se garantiza que los niños y niñas puedan seguir con sus compañeros y compañeras de años anteriores, aumentando la incertidumbre.
La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, ha sido clara: el valenciano y el castellano no están en igualdad de condiciones, y cualquier política lingüística debe proteger y fomentar el uso del primero, en lugar de arrinconarlo.
Pero ese es precisamente el objetivo del PP y Vox: desmantelar el valenciano en la educación y convertirlo en una lengua residual.
La ofensiva lingüística de Mazón no es solo un ataque al valenciano, sino también a la educación pública.
Destrucción de los bancos de libros: La fragmentación del alumnado por lenguas hace que el sistema de préstamo de libros, que garantizaba su gratuidad, quede en riesgo de desaparición.
Colapso en la gestión de los centros: Los directores y directoras de los colegios y los institutos denuncian que la normativa impide organizar grupos en función de criterios pedagógicos, dificultando la atención al alumnado con necesidades especiales.
Reducción de recursos: Mientras se imponen nuevas exigencias organizativas a los centros, la Conselleria de Educación lleva dos años reduciendo las inversiones en infraestructuras y profesorado.
La maniobra de Mazón y Vox responde a un guion bien conocido: utilizar la educación como un campo de batalla ideológico, en lugar de protegerla como un derecho fundamental.
Mientras en otros territorios se avanza en la protección de las lenguas cooficiales, en la Comunidad Valenciana el PP y la ultraderecha han decidido que la enseñanza del valenciano debe ser una opción residual, que cada vez menos estudiantes elijan y que, en un futuro, pueda eliminarse sin apenas resistencia.
Este no es un debate sobre libertad, como pretende vender el PP. Es un ataque planificado a la cultura, a la educación pública y a la cohesión social de los valencianos y valencianas.
Mazón y Vox han dejado claro que su proyecto para la Comunidad Valenciana pasa por la destrucción de su identidad. La pregunta es: ¿se lo vamos va a permitir?
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