La Misión de Observación Calificada, que da seguimiento al juicio por el asesinato el 3 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, expresó este miércoles su preocupación ante la demora sobre la sentencia que deberán cumplir las siete personas condenadas por el crimen.
En un comunicado de prensa, las organizaciones que integran la Misión de Observación expresan “su preocupación por el hecho que el Tribunal aún no haya dictado la sentencia condenatoria por escrito, lo que genera inseguridad jurídica en la causa”.
Señala que el 29 de noviembre, la Corte reconoció que el asesinato de Cáceres fue “planeado” y ejecutado con el “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con la intención de detener la oposición a su proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
“El fallo acredita una verdad sobre los hechos que coincide sustancialmente con las afirmaciones y declaraciones de la acusación privada desde el inicio de la investigación”, dijo el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Juan Francisco Soto.
La resolución reconoce que Berta Cáceres fue “asesinada por ser líder indígena y defensora de los derechos humanos, de la tierra y del agua del pueblo lenca”, subrayó Soto, también director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos en Guatemala.
Mariano Díaz, Douglas Bustillo, ambos exoficiales del Ejército de Honduras, y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa DESA, fueron condenados el 29 de noviembre de 2018 por el delito de asesinato.
Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Edilson Duarte y Oscar Torres fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.
Pero la sentencia que deberán cumplir los condenados se conocerá hasta después de que la Sala de lo Constitucional resuelva dos recursos de amparo presentados en enero de este año por abogados de la familia de la líder indígena.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
La Misión Calificada indicó que durante el juicio observó “deficiencias estructurales en el sistema judicial hondureño que siguen planteando limitaciones y dificultades para el acceso de la población a la justicia”.
Esos límites, añade, incluyen la “falta de resolución oportuna de los recursos judiciales, la omisión de la investigación de la autoría intelectual de los hechos y la limitación de los derechos de las víctimas”.
“Es una obligación del Estado hondureño emitir un fallo por escrito contra los perpetradores”, enfatizó Isabel Solís, investigadora de maya k’iche’ y directora nacional de la Comisión de los Derechos Humanos en Guatemala.
Señaló que emitir la sentencia es un paso necesario para continuar con “la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales del crimen y para garantizar una verdadera justicia para la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)”.
La Misión Calificada, cuyos miembros celebraron hoy un foro en Tegucigalpa, considera que “es imposible” divulgar su informe final sobre el juicio hasta que no haya una sentencia por escrito.
Para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el fallo condenatorio representa “un avance” hacia el reconocimiento de “la verdad del caso y la exigencia de justicia”.
A Cejil le preocupa también la “falta de una sentencia firme” en contra de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, y señaló que es “un deber” de los jueces “dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables”.
El retraso en la sentencia “no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable” y la dilación “vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso”, subrayó.
El caso de Cáceres representa “la grave situación de violencia e impunidad” que sufren los defensores de derechos humanos y ambientalistas en Latinoamérica, según Cejil.
