CHENG Tsz-ho, CHEUNG Chun-fu, LIU Tsz-man, QUINN Moon, TANG Kai-yin, LI Tsz-yin, LI Yu-hin, WONG Wai-yin y otras cuatro personas más (en total 11 hombres y una mujer) fueron interceptadas por agentes de la guardia costera de China continental tras haber salido de Hong Kong en una lancha motora el 23 de agosto de 2020.

El 30 de septiembre de 2020, la fiscalía popular del distrito de Yantian anunció que había aprobado el arresto de estos 12 honkoneses, lo que significa que pueden seguir bajo custodia tres meses o más mientras la policía investiga su caso.

QUINN y TANG fueron detenidos por presuntamente «organizar el cruce clandestino de personas por frontera», y los otros diez, por «cruzar clandestinamente la frontera».

El gobierno de Hong Kong ha dejado claro que no tiene intención de interferir en «la aplicación de la ley por parte de otras jurisdicciones».

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de personas detenidas en China continental —muchas de ellas defensoras de los derechos humanos— que han sido privadas de su derecho a ver a los abogados que ellas mismas o sus familias han elegido para representarlas.

En algunos casos, las autoridades han designado abogados para las personas detenidas sin su autorización ni la de sus familias. En otros, han amenazado a abogados para que se retiren de los casos.

Las autoridades también han afirmado, sin aportar prueba alguna, que los detenidos han despedido a los abogados contratados por sus familias, y han impedido a éstas que contraten asistencia letrada. Todo esto equivale en la práctica a privar a las personas detenidas de su derecho a asistencia letrada. Cuando se priva a una persona de este derecho, con frecuencia se le niega también información sobre sus derechos jurídicos, con lo que queda más expuesta a procedimientos jurídicos injustos.

Las autoridades han negado al grupo —dos de cuyos integrantes tenían menos de 18 años en el momento del arresto— los servicios de los abogados que sus familias designaron desde su detención, el 23 de agosto, y los jóvenes corren peligro inminente de tortura.

«La situación de estos 12 jóvenes es sumamente preocupante. Durante los últimos cien días, la policía china los ha sometido a algunas de sus tácticas más habituales.

Los han privado de su derecho humano básico a un juicio con garantías, incluida la oportunidad de elegir sus abogados, y corren peligro de sufrir tortura y malos tratos. A sus familiares se les ha negado reiteradamente la posibilidad de acceder a ellos, y al menos seis abogados han sido amenazados por las autoridades chinas para que se retiren del caso.

China debe permitir a ‘los 12 de Hong Kong’, dos de los cuales eran menores de edad en el momento de su arresto, que tengan acceso regular a sus familias y a los abogados elegidos por éstas. También deben garantizar que los jóvenes no sean sometidos a tortura ni a otros malos tratos».

Fuente: Amnistía Internacional