La Fiscalía de Guatemala presentó este jueves un recurso de amparo contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la solicitud de desaforar a la candidata a la Presidencia Sandra Torres por la posible comisión de delitos electorales en la campaña de 2015.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que también avanzó que en los próximos días presentará una solicitud similar, informó que este amparo es contra la decisión del Supremo de rechazar “in limine” el antejuicio presentado por la Comisión y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
El pasado 27 de marzo, el pleno del Supremo tomó esta decisión “por no tener elementos de racionabilidad suficientes”.
La investigación de la Cicig y la Fiscalía señala que Torres, quien aspira por segunda vez a la primera magistratura de Guatemala en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 16 de junio por el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pudo incurrir en una serie de delitos.
Durante la campaña proselitista de 2015, el referido partido no reportó al Tribunal Supremo Electoral una cantidad total de 19,5 millones de quetzales (unos 2,53 millones de dólares).
De ellos, unos 453.000 dólares provienen de sobornos del caso destapado en enero de 2018 “Traficante de Influencias”, una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones; y el resto son financiación electoral anónima.
Las primeras pesquisas señalan que se utilizaron tres empresas, dos de ellas compañías cartón y otra propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, como “centros de recaudación” y administración de recursos externos al partido por medio de una administración paralela de las “finanzas oficiales” para eludir “el control sobre los fondos aportados”.
Las dos empresas de cartón MAARIV, S.A. y PROHABSSA canalizaban el dinero y eran representadas por personas cercanas al empresario Mario Leal, excompañero de fórmula de Sandra Torres y quien está prófugo de la Justicia.
En su contra tiene dos órdenes de captura, una por este caso y otra por la causa “Traficantes de la Salud”, donde era uno de los intermediarios que captaba las empresas, una operación a cambio de lo que recibió, al menos, unos 500.000 dólares en comisiones.
Entre las pruebas de las que dispone la Fiscalía, que junto con la Comisión han destapado este caso, hay documentación requisada en más de una veintena de allanamientos, unas 60 declaraciones testimoniales, transacciones bancarias o interceptaciones telefónicas.
Por este caso, las autoridades habían solicitado siete antejuicios, entre ellos el de Torres y el de varios diputados, que habían sido rechazados y que fueron recurridos conjuntamente este jueves.
A Torres, que había sido señalada de dar instrucciones para gestionar y recibir esos aportes económicos sin declarar, la querían investigar por los delitos de financiación electoral ilícita, financiación electoral no registrada y asociación ilícita.
