La presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Elizabeth Cabezas, indicó este lunes que la Cámara legislativa es objeto de «una suerte de espionaje» y solicitó una investigación «para precautelar la seguridad» de la institución.
Así se manifestó después de que trascendiera el viernes una grabación en la que llamaba a la ministra del Interior, María Paula Romo, a la que aparentemente solicitaba ayuda para impedir que prosperara una votación que allanara el terreno a la creación de una comisión multipartidista que investigue al presidente, Lenín Moreno, por supuesta corrupción.
Cabezas reiteró que el viernes solicitó investigar lo sucedido en relación a la filtración y difusión de la grabación, aparentemente producto de un micrófono abierto en la propia Cámara parlamentaria.
«No podemos estar bajo una suerte de espionaje permanente en donde cualquier acción que se haga dentro de la Asamblea Nacional, quiera ser utilizada como motivo de desestabilización, de generar el caos, sembrar las dudas sobre la gestión que se viene realizando y esto, obviamente, que se tiene que investigar», señaló.
Y apuntó a determinados «grupos políticos» que, según ella, «buscan sembrar la desestabilización en el país».
Sin mencionarlos directamente aludió a sectores afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017) que supuestamente difundieron el clip a través de etiquetas creadas por sus seguidores en redes sociales.
«El mensaje está claro, es generar acciones caóticas no solamente en contra de la Asamblea, sino de los distintos poderes del Estado…(lo) que favorecería a estos grupos políticos que han dominado en los últimos años», apostilló.
Aclaró que ya ha dado las explicaciones pertinentes a los medios de comunicación y que ampliará estas «a aquellos que se hayan sentido ofendidos o sientan que es necesario algún tema adicional».
Cabezas reveló que ha solicitado a la ministra del Interior un estudio a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, «para que hagan un análisis integral del tema de la Asamblea».
Y zanjó que «el primer poder del Estado no puede estar sujeto a ningún estado de vulnerabilidad, y en esa línea tomará todas las prevenciones que sean pertinentes».
Afirmó que la llamada a la ministra, fue «simplemente de coordinación necesaria para articular un tema que estaba evidentemente en votación».
La titular del Parlamento censuró, además, que la solicitud hecha por el legislador correísta Ronny Aleaga, que dio lugar a la llamada y posterior votación, no tuvo base legal para convocar al presidente Moreno a comparecer ante el plenario.
El legislador presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado «por un delito específico, el tráfico de influencias», según explicó.
«Obviamente conversar por teléfono es legal, lo que es ilegal y que se configura en un delito es llamar a un funcionario del Estado para presionar a las fuerzas políticas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para que bloqueen una acción de fiscalización que estamos realizando para que el presidente comparezca», añadió.
