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Los militares y civiles venezolanos presos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) protestaron exigiendo el respeto de los derechos humanos, trass la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo en ese centro, confirmaron este miércoles familiares de detenidos y diputados del país.

Más temprano, habían circulado en redes sociales versiones de un supuesto motín de los presos políticos recluidos en el Dgcim.

La diputada opositora Delsa Solórzano aclaró que no se trató de un motín, sino que los «presos políticos están levantados en voz de protesta exigiendo respeto a sus derechos humanos».

Solórzano insistió en que los detenidos levantaron «su voz contra la opresión» y describió las condiciones sanitarias precarias en las que «60 personas comparten un solo baño» y hay varios presos que «tienen presuntamente enfermedades contagiosas».

Reiteró que el estado de salud de los detenidos en el Dgcim «es bastante delicado», tomando en consideración que «han sido todos brutalmente torturados».

«Dentro de Dgcim fue asesinado un ciudadano, el capitán Acosta Arévalo», afirmó, al mismo tiempo que demandó a la Fiscalía que «deje la burla a la familia y entregue el cuerpo para que puedan darle cristiana sepultura».

La muerte del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, según calificación de la Fiscalía venezolana, se produjo el pasado 29 de junio durante su detención en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Entretanto, la diputada Dennis Hernández informó que se solicitó a la Cruz Roja Internacional la intermediación para «constatar el estado de salud» de los presos en el Dgcim.

Sara de La Sotta, madre del capitán de la Armada (naval) Luis Humberto de La Sotta, quien tiene un año detenido y está acusado de rebelión militar, dijo que teme «por la vida de él», por cuanto padece «condiciones infrahumanas», al igual que el resto de sus compañeros.

«Las esposas se las apretaron tanto que le sacaron llagas, le daban con palos, lo tuvieron en un cuarto oscuro 33 días donde le tiraban la comida al suelo y hacía sus necesidades ahí y no se la retiraban», describió De La Sotta acerca del trato que, asegura, recibió su hijo cuando fue detenido hace un año.

Añadió que el capitán «tiene una depresión terrible, con lo que acaba de pasar con lo del capitán Acosta Arévalo», pues fue su instructor.

Lilie Barboza, que se identificó como familiar de uno de los militares detenidos en el Dgcim, exigió que «se respeten los derechos humanos de nuestros presos políticos militares y civiles» y pidió que los delegados que dejó en Caracas la alta comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, «se apersonen en el lugar».

Barboza consideró que si la delegación de la ONU «no es capaz de entrar al Dgcim» para verificar el estado de los efectivos militares detenidos, entonces deben tomar sus maletas y abandonar el país.

Según Barboza, en los últimos días las autoridades del Dgcim «han prohibido las llamadas» y se pudieron límites a «las horas del encuentro familiar».

Sobre las informaciones que circularon temprano este miércoles, acerca de un supuesto motín de los militares detenidos, Barboza dijo que «hay mucha desinformación» y por ello los familiares se presentaron en la sede del ente de seguridad para «saber qué está ocurriendo».

Señaló que «sí hay cierto nerviosismo porque cada vez hay más militares detenidos en el lugar».

Barboza afirmó, además, que «hay brotes de posibles enfermedades contagiosas como el caso de la hepatitis A y C».

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