El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska vinculó esta semana a las personas que saltan las vallas de Ceuta y Melilla con actos de «violencia» que «un límite a sus derechos fundamentales». Las posiciones políticas en torno a la migración han sido tradicionalmente diferentes entre el PSOE y Unidas Podemos, y esto empieza a verse.

La posición del PSOE

El viernes pasado se celebró una reunión en Moncloa para analizar la sentencia de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente, en la que participaron el vicepresidente, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, junto al presidente del Gobierno y Juan Carlos Campo y Arancha González Laya, ministros de Justicia y Exteriores respectivamente.

«El Gobierno acata la sentencia del TEDH y recuerda que España por fin tiene una política migratoria de Estado, respetuosa con los derechos humanos, en colaboración con nuestros socios europeos y con los países de origen», explicaban fuentes del Gobierno este lunes. «El Gobierno apuesta por potenciar vías legales y seguras para la emigración y por la reforzar la cooperación con los países de origen de la emigración».

El Gobierno defiende inicialmente que el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones en caliente, indicando que «permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el control de nuestras fronteras. La decisión permite poder actuar dentro de un marco jurídico europeo consensuado, entendiendo que la frontera sur de España es además la frontera sur de Europa».

La posición de Podemos

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, zanjaba el mismo día: «La sentencia no obliga a hacer devoluciones en caliente, pero lo que sí que se tiene que producir es un diálogo entre el conjunto de los Estados de la Unión Europea para abordar cuál va a ser nuestra política de derechos humanos como países de la Unión. Esto no es un debate que se circunscriba única y exclusivamente a nuestro país, sino que tenemos que empezar a pensar cuál es el modelo europeo que queremos para el futuro, porque si el modelo que queremos para el futuro es asumir los discursos de la extrema derecha, pero haciendo como que no somos extrema derecha, pues al final la extrema derecha terminará triunfando. Que no le quepa ninguna duda nadie».

La portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Sira Rego, también se manifestó en unos términos parecidos: «Estamos ante un día triste para los derechos humanos y lamentamos profundamente esta sentencia, que es regresiva y permitirá a la UE seguir aplicando políticas migratorias racistas y xenófobas en sus fronteras».

Nuevo choque: endurecimiento de la normativa española de asilo

El País ha publicado un borrador del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska con un posible endurecimiento de la normativa española de asilo.

Podemos ha pedido explicaciones y advertido de que las supuestas iniciativas «son contrarias al acuerdo de Gobierno». El Ministerio de Interior ha explicado a eldiario.es que ese borrador técnicos no han pasado los filtros políticos todavía y que, en todo caso, «el Gobierno tiene la intención de adaptar la normativa de asilo a la nueva realidad y a las directivas europeas que están ya en la práctica. Pero estamos muy pendientes de la reforma de la Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) para que nos dé las nuevas líneas maestras, que España va a seguir en la futura reforma».

Unidas Podemos es claro con el tema: «Apostar por endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos no sólo es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de gobierno de coalición, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos».

El PSOE no ha tardado en responder: «El Gobierno considera que la política migratoria es una cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos. Bajo estos preceptos, el Gobierno entiende que la política migratoria debe tener como ejes: la cooperación y el apoyo a las poblaciones en desarrollo de los países de origen; la lucha contra la criminalidad y la trata de seres humanos; la apertura de vías legales y seguras para la inserción social y laboral en los países de destino; y el establecimiento de cauces para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades».

De momento, Interior rechaza dar más detalles al respecto. Un primer choque en un tema central de derechos humanos, algo que Unidas Podemos va a defender hasta el final.