Las dos primeras querrellas judiciales que serán presentadas en Estados Unidos por el uso de propiedades confiscadas en Cuba después de la revolución de 1959 tienen que ver con los puertos y la demandada va a ser la empresa de cruceros Carnival, informó este lunes a Efe el abogado de los demandantes.

El jueves 2 de mayo comenzará una batalla judicial en Estados Unidos para la que el abogado cubanoestadounidense Nicolás Gutiérrez, al que hasta hace poco tiempo muchos le consideraban un «loco», lleva 25 años preparándose, según dice en una entrevista telefónica.

Ese día será el primero en el que se pueda plantear demandas ante los tribunales estadounidenses contra quienes se benefician de propiedades confiscadas en Cuba, gracias a la entrada en vigor el Título III de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 con el objetivo declarado de impulsar la «libertad» de la isla.

Todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton habían mantenido desactivado el título III, pero el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, decidió ponerlo en vigor como parte de sus esfuerzos para lograr un cambio político no solo en Cuba sino también en Venezuela.

Aunque hay un caso que ha tenido gran eco, que es el de los herederos de Rafael Lucas Sánchez Hill, propietario de una gran finca con 57 kilómetros de frente costero, hoy poblada de hoteles de empresas como las españolas Meliá y Blau, no serán ellos los primeros que se acojan al Título III, dice Gutiérrez.

Las primeras demandas serán interpuestas por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada.

En ambos casos la demandada será la empresa de cruceros Carnival, que desde 2016 opera líneas a Cuba y utiliza los dos puertos mencionados, subrayó Gutiérrez, quien advierte que a estas demandas seguirán otras similares de García Bengoechea y Behn contra otras compañías de cruceros o navieras.

Antes de ir a los tribunales, tanto García Bengoechea como Behn han cumplido ya con una suerte de mecanismo de conciliación que el Departamento de Justicia de EE.UU. establece y no es obligatorio pero sí «recomendable», señala el abogado nacido hace 54 años en Costa Rica de padres cubanos exiliados.

Se trata de una carta oficial que se envía a los potenciales demandados advirtiéndoles de que tienen un plazo de 30 días para llegar a algún arreglo extrajudicial.

«Todos estamos dispuestos a transar (acordar) si nos ofrecen una compensación», subraya Gutiérrez, quien, además de ser el abogado de muchos de los que quieren demandar, está viendo si él también puede ser demandante.

A su familia el «régimen dictatorial» de Cuba le confiscó fincas ganaderas, centrales azucareras y otras propiedades, incluida una casa en el barrio habanero del Vedado donde hoy funciona una oficina de la empresa británica Lloyd’s, dice.

Para poder presentar una demanda la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a los 50.000 dólares, según el título III de la ley Helms Burtom.

Cuando se le pregunta quién hace la estimación del valor, subraya que son los jueces en razón de criterios realistas.

El valor de la propiedad de unos 100.000 acres (45.000 hectáreas) que la familia Sánchez Hill tenía al norte de la provincia de Holguín es infinitamente superior, subraya Gutiérrez.

La zona costera de la propiedad, que en los tiempos en que funcionaba allí la central azucarera Santa Lucía era considerada sin valor desde el punto de vista de la producción, es muy valiosa desde el punto de vista turístico, agrega.

Allí se alzan hoy, entre otros muchos, los hoteles de Meliá Sol Río de Luna y Mares, y Paradisus Río de Oro, y los de la cadena Blau Costa Verde y Playa Costa Verde.

Los edificios hoteleros son propiedad del Grupo Gaviota, que controlan los militares cubanos y pertenecen al conglomerado empresarial GAESA, que está incluido en una lista de bienes sujetos a sanciones por parte de Estados Unidos.

Gutiérrez subraya que los descendientes de Sánchez Hill no han decidido aún si demandarán en EE.UU. a las empresas que se benefician de esa propiedad «robada», pues no quieren «obstaculizar» la demanda iniciada en España contra el grupo Meliá.

Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.

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