El ventilador ha empezado a funcionar. Tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción de la declaración en calidad de imputada de Esperanza Aguirre, que fue máxima autoridad del Gobierno madrileño y del Partido Popular en Madrid, y de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ahora se empieza a destapar a las grandes empresas que aparecen en la caja B del Partido Popular.

La Fiscalía pide ahora investigar a Indra y a su presidente durante las pesquisas, Javier Monzón, por la presunta financiación irregular del PP, pero no solo afecta a la compañía de defensa y tecnología, sino que también salpica al Grupo Prisa, donde es presidente no ejecutivo, y a Banco Santander, entidad en la que ejerce de presidente no ejecutivo de Openbank, la filial online, y de consejero independiente de Banco Santander España.

Según informa El Confidencial, Indra comenzó a relacionarse con este caso en 2017, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara, en el marco de la instrucción del caso Púnica, movimientos de fondos de sospechosos que iban desde Indra hacia la caja B de Génova por un importe total de al menos 600.000 euros y que habría superado el millón de euros entre 2008 y 2013.

Monzón acabó en el Santander tras su destitución en 2015 como primer ejecutivo de Indra a petición del Gobierno del Partido Popular, ya que Indra tiene al Estado como uno de sus principales accionistas, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Desde ahí fue ocupando nuevos cargos de responsabilidad. primero, Ana Botín, presidenta de Santander, nombró a Monzón consejero independiente de Banco Santander España, al poco tiempo de salir de Indra. Después le propuso como presidente no ejecutivo de Openbank, la apuesta tecnológica del grupo. Y finalmente Monzón ocupó sillón en el consejo de administración de Prisa, de la que el banco es accionista destacado y el mayor acreedor de varios de los inversores.

Santander aconsejó a finales de 2017 su designación como presidente en sustitución de Cebrián al frente del Grupo Prisa y en enero de 2018 se subsanó con su nombramiento como vicepresidente en un momento en el que el grupo propietario de ‘El País’ y Cadena Ser necesitó recurrir a una ampliación de capital de 565 millones de euros para salir de la insolvencia. El Santander fue el banco que lideró aquella colocación de acciones y la posterior que se hizo este año por 200 millones adicionales para financiar la compra del 25% de Santillana. En ese momento, Monzón ya era presidente no ejecutivo de Prisa.

Santander es, por tanto, la entidad de cabecera de Prisa, cuyos estatutos, renovados recientemente a propuesta del propio Javier Monzón, incluyen la puesta a disposición del cargo «cuando se viesen negativamente afectadas, de manera significativa, la honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, disponibilidad o el compromiso con su función necesarios para ser consejero de la Sociedad«.

Indra tampoco se libra. La empresa, ahora presidida por Fernando Abril-Martorell, ha colaborado con la justicia desde el primer día para esclarecer los hechos de la etapa anterior, ver su nombre en un caso de corrupción golpea su reputación. Según los expertos en delitos económicos del Instituto Armado, el primer paso radicaba en que el Gobierno de Aguirre concedía contratos millonarios a Indra para la prestación de servicios tecnológicos.

Después, directivos de la empresa participada por el Estado desviaban una parte de las adjudicaciones hacia una red societaria controlada por el empresario del sector de la educación Óscar Sánchez Moyano. El trasvase del dinero se encubría como pagos por supuestos servicios de ‘formación in company’ que, en realidad, Indra nunca disfrutó. Del último paso se encargaba Sánchez Moyano. El empresario usaba el dinero recibido de la tecnológica para pagar directamente las deudas que había contraído el PP con las agencias de comunicación y publicidad que hacían sus campañas electorales.

Aguirre era la máxima responsable del Gobierno que adjudicó contratos públicos bajo sospecha y, también, la principal beneficiaria del dopaje electoral que recibía Génova. Además, fue presidenta de Fundescam, la fundación vinculada al PP por la que circularon presuntas donaciones ilegales de empresarios que terminaron igualmente en la caja B de los populares.

El juez cuenta con un testimonio cualificado que implica a Monzón e Indra: el de la propia compañía. El presidente de la multinacional desde enero de 2015, Abril-Martorell, empezó a colaborar con la Audiencia Nacional en el otoño de 2017. Después de revisar toda la documentación que tenía sobre estas operaciones, la empresa ha admitido los pagos a la red de Sánchez Moyano y ha reconocido que, efectivamente, no hay ni un solo documento que le permita justificar por qué se efectuaron.

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