La crisis sanitaria derivada de la pandemia mundial de COVID nos ha obligado a replantearnos el equilibrio entre privacidad e interés común. Hemos sido testigos, durante este periodo, de cómo algunos países —ej. Singapur, China, Corea u otros países del este y sudeste asiático— han optado por soluciones basadas en herramientas de software destinadas el rastreo y la monitorización ciudadana, socavando, en mayor o menor medida según el caso, el principio de privacidad en favor de un mayor control destinado a doblegar la curva de contagios de manera rápida y tajante. Y en cierta medida, estos sistemas han tenido éxito. La pregunta, es ¿a qué precio?

En regiones como Europa, con una tradición democrática más dilatada y una valoración superior del concepto de privacidad, se han optado por soluciones que combinen la introducción de este tipo de aplicaciones de rastreo que permitan hacer un seguimiento preciso de los contagios para evitar la expansión del virus, planteando un desarrollo de los mismos apoyado en el respeto de la privacidad de las personas. La forma de hacerlo ha sido a través de la introducción en este tipo de aplicaciones de identificadores arbitrarios temporales que se intercambian a través de Bluetooth con los móviles situados a una distancia cercana que tenga activado un software similar. Se garantiza, de esta forma, evitar el uso de servicios de geolocalización, así como la revelación de la identidad particular del usuario contagiado, así como el momento concreto del contagio. Además, se ha puesto énfasis —desde diferentes colectivos, ONG, asociaciones y desde la población en general— en la necesidad de asegurar que este tipo de medidas sean temporales y que su uso tenga como objetivo estrictamente el combate contra la pandemia. Los resultados a la hora de doblegar las curvas de contagios pueden ser algo menos eficaces, pero se evita, por esta vía, tener que afrontar problemas futuros que hagan tambalearse los cimientos sobre los que se sustentan los sistemas democráticos basados en el respeto de derechos individuales fundamentales como, es ni más ni menos, el de la privacidad.

No es desdeñable, tampoco, el uso de herramientas de software para intentar evitar este tipo de rastreos, tales como VPNs o los propios servicios de seguridad de los dispositivos móviles que permiten bloquear la ubicación si la aplicación no está en primer plano.

A medida que la lucha contra la pandemia avanza hacia nuevos escenarios, la polémica relativa al equilibrio entre privacidad y seguridad sanitaria, lejos de disiparse, se acentúa. Las nuevas armas con las que contamos en la actualidad para hacer frente al virus, véanse, las vacunas, plantean interrogantes importantes en este sentido. Ya ha surgido, en más de una circunstancia, la posibilidad de crear un pasaporte de vacunación europeo para poder viajar en el interior de la Unión Europea. Esta es solamente una de las vertientes que puede tomar el debate relativo a la integración de las estrategias de vacunación con el respeto a la privacidad de la ciudadanía en un contexto tan delicado como el de la salud. La controversia es clara, pero su solución no es tan evidente, porque los dos principios que están en juego, seguridad y privacidad, parecen ir por senderos opuestos. El reto consiste en mantener a raya la evolución del virus sin que el respeto por la esfera privada de las personas se debilite hasta el punto de que sea la autoridad, y no el individuo, el que decida lo que es aceptable y lo que no. Solo el tiempo dirá si las alternativas elegidas por los mandatarios de nuestro continente —y de nuestro país en particular— son capaces de reconciliar ambos principios.