Es curioso a lo que puede llegar a renunciar el ser humano por miedo. Casi todos estamos familiarizados con los mensajes catastrofistas de todo tipo que nos llegan por los cuatros costados. O con todas esas recomendaciones del estilo “añada una taza de lejía en la canalización de sus inodoros, lavabos, bañeras y fregaderos; el virus está creciendo y multiplicándose en los sistemas de aguas residuales…”, que nos reenvían todos los días a través los servicios de mensajería instantánea o por redes sociales.

No son pocos los ejemplos de comportamientos absurdos y exagerados, y la retahíla de medidas desproporcionadas tanto de administraciones como de particulares para tratar de frenar la expansión del Coronavirus o para evitar sus efectos. En una época en la que la desinformación y la paranoia colectiva están más presentes que nunca, conviene tener muy presente la influencia que nuestras decisiones (individuales, colectivas y políticas) tendrán sobre el futuro, tanto a nivel medioambiental y sanitario, como en lo relativo a las libertades y los derechos fundamentales.

De todos esos derechos y libertades, el derecho a la privacidad es uno de los más azotados durante este inusual periodo. Siguiendo el ejemplo de numerosos países asiáticos como China, Singapur o Corea, —que, debido a la falta de conciencia crítica con respecto a la vigilancia digital de sus sociedades, han introducido medidas de vigilancia y control ciudadano extremadamente intrusivas— algunos países europeos, entre ellos España, están apostando fuerte por alternativas relacionadas con las nuevas tecnologías, y en concreto con la monitorización digital de ciudadanos, como medio para hacer frente a la pandemia. 

Es probable que la adecuada utilización de la tecnología y el big data (basada siempre en criterios de caducidad, proporcionalidad y concreción en su uso para combatir el virus sin perder libertades), pueda aportar vías interesantes para minimizar los efectos de la crisis. Una monitorización a nivel agregado, anónimo y especializado de los datos podría reportar buenos resultados en la lucha, especialmente si tenemos en cuenta que, garantizando ese tipo de principios, los riesgos de mala utilización de esa información se reducirían considerablemente. No se puede decir lo mismo de los mecanismos control individualizado que se han planteado en algunas de las iniciativas propuestas por las administraciones de las comunidades autónomas y por el gobierno de nuestro país y de países vecinos como Francia.

En este sentido, una de las aplicaciones más comentadas en la actualidad, la elaborada por el gobierno de la Comunidad de Madrid, bautizada como CoronaMadrid, no cumple con muchos de estos mínimos, impidiendo el uso anónimo, operando sin consentimiento, y sin establecer un periodo máximo de retención de datos. Además, no minimiza el uso de datos, y comparte datos médicos de individuos concretos sin autorización. No es la única, en otras como Stop Covid19 CAT o la aplicación oficial que prepara el gobierno para localizarnos en la comunidad autónoma en la que nos encontremos, tampoco parece estar claro que se cuenten con los requisitos suficientes para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos.

En esta línea se incluyen los análisis de movilidad proporcionados por Apple y Google o las solicitudes de datos de móviles que han emitido diversos gobiernos. Quien quiera mantener su privacidad ha de ser consciente de que, con la señal del teléfono móvil, con la posición GPS y con la dirección IP es posible recopilar un elevado número de datos no anonimizados de los usuarios.

Lo que parece más curioso del tema es que se esté poniendo tanta energía y tantos recursos en este tipo medios tecnológicos cuando, por un lado, no siempre son la alternativa más eficaz para frenar los contagios, y por otro, cuando plantean de manera evidente problemas tan graves como la vulneración de derechos fundamentales y necesarios como aquellos relacionados con la protección de datos. 

Muchos parecen olvidarse de que la vía más efectiva y precisa a nivel nacional e internacional para frenar la pandemia —además de la cuarentena que, por sus devastadores efectos económicos, psicológicos y restrictivos de libertades, obviamente no es la medida mejor valorada— ha sido la de la realización masiva de pruebas y la priorización del diagnóstico. Unido esto, por supuesto a una transparencia y una fluidez en la comunicación y en los criterios objetivos que dirigen las decisiones gubernamentales, y a una responsabilidad ciudadana que, en determinadas ocasiones, porque no decirlo, brilla por su ausencia.

Y, aun siendo así, aun siendo las pruebas el arma principal para detener el virus, nos encontramos todavía (después de ya varios meses desde que se confirmarán los primeros casos del virus en nuestro continente) sin las pruebas suficientes para testar a toda la población. Y lo que es peor, sin pruebas que garanticen la veracidad de los resultados obtenidos.

Esto puede llevarnos a plantearnos cuestiones como las siguientes, ¿no será mejor centrar los esfuerzos y la inversión en esta dirección? ¿No será esta vía que no representa riesgos frente a la salvaguardia de derechos y libertades individuales y que ha demostrado su eficacia en la lucha contra la expansión del patógeno haya donde se ha puesto en marcha, la vía que haya que priorizar para combatir la pandemia? 

La respuesta parece evidente, por mucho que las empresas de telecomunicaciones y los gobiernos ávidos de información personal de los ciudadanos puedan, en atención a sus intereses presentes y futuros, opinar lo contrario.