Alfredo Rojas Salinas

La problemática en torno a las pensiones en España lleva varios años de manoseos y versos poco resolutivos. Entre los (eternos) resabios de la crisis, los cuales parecen cada vez más meras justificaciones para privatizarlo todo, y las constantes desatenciones por parte del gobierno de Rajoy, se ha ido desviando la atención de un tema que a largo plazo puede presentar graves consecuencias para los pensionados del país.

La situación de los pensionados viene en constante descenso. La incapacidad administrativa para dar solución a un problema que se irá acrecentando con el paso de los años, los ha vuelto acreedores de reajustes austeros y cansinos, sin mayores explicaciones ni disculpas, y que terminan en manifestaciones que exigen, con total legitimidad, dignidad y justicia.

Estas constantes desavenencias dejan en entredicho algo que va pareciendo cada vez más obvio, y es que ha llegado el momento de hacer cambios. Los pensionistas lo saben, la población en general lo sabe y el gobierno también lo sabe. Pero no nos confiemos. Muchas veces son los mismos gobiernos los que evitan encontrar salidas a los problemas para llegar y proponer, como que no quiere la cosa, la solución predilecta del capitalismo: la privatización.

Con el sistema de pensiones es lo mismo. Que el sistema público ya no basta, que no hay nada que se pueda hacer, que se acaban los fondos, que hay que buscar nuevos caminos. Es verdad, la población española envejece y, mientras que la cantidad de pensionistas aumentan, la fuerza trabajadora disminuye por la baja natalidad. Pero ¿es la solución a este problema implementar un sistema privado de pensiones? Tiene toda la pinta que no.

La vejez miserable

El sistema privado de pensiones no es un invento de ahora. Corrían los años 80 cuando un tal José Piñera ideó en Chile un proyecto de jubilación que ha sido aclamado y reconocido en todo el mundo por los grandes pensadores y propulsores de las lógicas del libre mercado. El hermano del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, aprovechó las libertades que le brindó la sanguinaria tiranía de Augusto Pinochet para privatizar el sistema de pensiones y condenar a los futuros jubilados del país a una vida miserable y mezquina.

Chile acabó siendo utilizado como rata de laboratorio para varios experimentos del capital. Las influencias norteamericanas entraban con una facilidad bestial al país gracias al libre tránsito que el régimen dictatorial les brindaba. En la actualidad, Chile tiene uno de los índices más altos de pobreza en la vejez, con pensionados que nunca dejan de trabajar, bonos solidarios que no alcanzan para tener dignidad y un pueblo que exige a gritos la erradicación del sistema.

Resulta curioso. Según los estudios financieros y los registros del tan manoseado Producto Interno Bruto, Chile es un país de bienestar, que avanza firmemente hacia el desarrollo, con buenas proyecciones de futuro, promesas de inversión, grandeza, estabilidad y cuántas otras cosas. Pero no es así; que un país produzca no significa que la riqueza se reparta de manera equitativa, y los jubilados son una de las tantas manifestaciones de aquello. El sistema privado de pensiones sube los números, pero alimenta salvajemente la desigualdad. Esto ha llevado a Chile a ser el país más desigual de la OCDE.

Y no es que en Chile el experimento, simplemente, haya salido mal. Estados Unidos, la superpotencia mundial, implementó la privatización de las pensiones  y, en la actualidad, es un sistema que se encuentra en plena caída, que explota de vez en cuando, pero que es maquillado y protegido hasta el cansancio por los grandes capitales del país. No por nada Estados Unidos es, junto a Chile, uno de los países más desiguales del mundo.

Privaticemos España

Los aires de grandeza con los que suele hablar la derecha española, repleto de ese patriotismo soberbio e incluso agresivo que tienen cada vez que alguien osa cuestionar el status del país, parece carecer totalmente de justificación en lo que al contexto del “primer mundo” refiere. España es uno de los países más desiguales de la Unión Europea, situación que, según las bases que sostienen a la privatización de las pensiones, irá a peor con el pasar de los años.

La ideología del capital aspira a limitar cada vez más la intervención del Estado en lo que economía respecta, ampliando las facultades de los entes privados hasta rozar lo perverso. Hoy, en España, la premisa de la derecha es lograr a toda costa apropiarse del sistema de pensiones, un negocio redondo para las grandes corporaciones económicas, pero que resulta catastrófico para la conservación de garantías sociales.

¿Cómo se sostiene el sistema privado de pensiones? En términos simples, éste opera como un fondo individual, administrado por un organismo privado que invierte el dinero en activos financieros. La pensión resultante para quienes coticen en este sistema tendrá directa relación con el rendimiento bursátil que puedan tener dichos dineros.

El problema para el trabajador promedio recae en que las cuotas de inversión en este sistema de ahorro deberán ser sumamente altas para que, en calidad de pensionistas, esto se traduzca en retribuciones dignas. Algunos expertos, como Cristóbal Molina, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, sugieren que este sistema conviene a personas con un salario que supere los 30.000 euros anuales. Y el salario promedio en España ronda los 18.000 euros.

Es por esto que conviene cuestionar un poco las motivaciones del actual gobierno para impulsar esta transformación. Resulta fundamental hacer memoria y recordar que en el año 2000, durante el gobierno de José María Aznar, se creó la llamada “hucha de pensiones” la cual se mantuvo en constante crecimiento hasta el año 2012, alcanzando un máximo de 65.000 millones de euros. Ese mismo año, el actual presidente, Mariano Rajoy, decidió que era el momento de empezar a hacer uso de este fondo, sin mayores trámites ni consultas que una notificación al Congreso.

A lo largo de los últimos seis años el Gobierno del Partido Popular no ha dejado de meter la mano en este fondo. Ahora, con la hucha totalmente vacía, vienen las propuestas que a simple vista parecen desesperadas o poco informadas, pero que no son así. Porque contrariamente a lo que se cree Chile es todo lo contrario a un experimento fallido, sino que lo que se busca con la privatización de los recursos públicos es llenar a destajo los bolsillos de los grandes capitales económicos, independientemente de sus consecuencias.

Las promesas del gobierno son malintencionadas. Nunca pensemos en que los gobernantes son incapaces o que no saben lo que hacen; porque lo saben a la perfección. Quienes impulsan este tipo de medidas saben a la perfección qué tipo de repercusiones tendrá sobre los jubilados y en los capitales privados. Conocen a rajatabla las consecuencias que este sistema de pensiones ha tenido y sigue teniendo en otros países, y no les importa.

Y es preocupante. Porque el PIB seguirá creciendo y la economía será sostenible. Tendrán regocijo los españoles orgullosos del reino y colgarán sus banderas mientras aplauden un progreso ajeno, abstraídos en la idea de que si avanza España, avanzan todos. Y mientras tanto, en los barrios bajos, en los pueblos, en las ETTs, en el trabajo en negro, en el norte, en el sur, en las pequeñas y grandes calles del país, allí donde vive la gente humilde, las mujeres de sueldos desiguales, los inmigrantes malmirados y los que no tienen techo, encontraremos una sociedad estancada, llena de incertidumbre y de rabia, preguntándose cómo fue que acabamos así.

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