Isabel Brito

El descuido de nuestro litoral es cada vez más evidente y demuestra una vez más que el desinterés por su protección durante décadas nos está llevando a arruinar sectores de la economía local como la pesca, el sector agroalimentario, o el turismo.

A todo esto hay que sumar los efectos de los temporales de invierno y principios de primavera, que este año 2018 han hecho estragos en diversas playas de la costa andaluza cebándose especialmente en la costa de Huelva y de Cádiz. La subida del nivel del mar, la pérdida de arena, las construcciones de viviendas y chiringuitos a pie de playa que se han visto dañadas o inundadas por el agua, han ofrecido imágenes de destrucción del litoral que ahora urge solucionar porque se acerca la temporada alta y las playas no están preparadas para recibir turistas.

Como en los últimos años, se adoptarán soluciones cortoplacistas que pasarán por la inversión de dinero público en dragar arena de los fondos marinos o en darle bocados a los sistemas dunares en el mejor de los casos para ganar algo de metros de playa para poner la toalla.

Estas soluciones costosas y nada duraderas se repiten cada vez con mayor frecuencia en nuestra costa y no ponen freno al problema de fondo, que es la pésima intervención que sobre la dinámica costera se viene haciendo con la construcción de espigones, la cual altera los procesos de sedimentación y beneficia económicamente sólo a unos pocos.

A esto hay que añadir que los núcleos de población costeros que ven incrementada su población estival, en algunos casos hasta cuatro veces con los turistas, no cuentan con sistemas de depuración de las aguas residuales adecuados para soportar tal aumento de población y vierten al mar aguas que no siempre reúnen las condiciones sanitarias adecuadas para el sostenimiento de determinadas actividades como la recolección de especies de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos que son una fuente de riqueza muy importante para el sector del marisqueo y la pesca en estas mismas poblaciones y que ofrece unos ingresos a muchas familias que se encuentran en precarios niveles económicos de subsistencia.

La situación se está volviendo crítica porque a la contaminación de mares y océanos y la nefasta intervención del ser humano en la dinámica litoral se está uniendo el agravamiento progresivo generado por el cambio climático, que este último año ha recortado de un plumazo la extensión de nuestra costa y ha generado fenómenos extraños nada habituales como tornados y grandes olas que a modo de tsunamis han invadido sin previo aviso las primeras manzanas y parcelas de muchos municipios y núcleos de nuestras provincias. La situación de nuestro litoral es un claro ejemplo de que el cambio climático es un problema económico de primera magnitud.

En particular en Huelva toda la zona costera de El Portil, La Antilla, Isla Canela, etc., se ha visto afectadas por estos fenómenos. Ahora se reclama presupuesto para el arreglo de las playas pero se sigue sin trabajar en una solución definitiva que mitigue los efectos del cambio climático.

No ayuda la modificación que el Partido Popular hizo a la Ley de Costas toda vez que con la misma se permite reparar y por tanto mantener las construcciones, infraestructuras y viviendas que invadían la primera línea de costa, ni tampoco la anulación del Plan de Protección del Corredor del Litoral por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que desprotege los primeros 500 metros de costas, dejándolos al albur del oportunismo y posibles especulaciones urbanísticas.

No menos grave es la situación que va a generar para el sector de la industria agroalimentaria la actual clasificación de zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos aprobada con la nueva Orden recientemente publicada en abril por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  Clasificación que responde al grado de contaminación microbiológica de cada zona de producción, siendo los tipos A, B y C.

En el caso de la provincia de Huelva, de las 13 zonas delimitadas, sólo tres de ellas han sido clasificadas como zonas tipo A, es decir, su recolección puede destinarse a consumo humano directo sin pasar por sistema de depuración, reinstalación o transformación. De la franja litoral onubense sólo han quedado Isla Canela, Doñana Norte y Doñana Sur como zonas tipo A. El resto de zonas han quedado como tipo B o incluso como tipo C. Estas últimas se llevan la peor parte porque ni siquiera con los sistemas de depuración que implementen podrán destinarse los moluscos e invertebrados a consumo humano. Así en dichas zonas C, especies como la ostra (Ostrea edulis) ó la almeja fina (Ruditapes decussatus) no podrán recolectarse para consumo humano.

Hay que tener en cuenta que hay especies de bivalvos como la coquina (Donax trunculus) que no responden bien a los sistemas de depuración y en otros casos, si la zona ha pasado de zona B a C ni siquiera podrán comercializarse para el consumo.

Unos sistemas de depuración de las aguas residuales que se muestran deficitarios en los núcleos de población costeros, dado que éstos incrementan su población en verano y por tanto no tienen capacidad suficiente para tratar las aguas. Ésta puede ser una de las causas de que estas especies no estén cumpliendo con los parámetros sanitarios que garantizan su calidad microbiológica y la carencia de biotoxinas.

Todo esto pone de manifiesto la necesidad y urgencia de proteger nuestro litoral, conservar su biodiversidad, que es fuente de vida, reducir la contaminación de nuestras aguas y cambiar de modelo, haciendo no sólo sostenibles sino también compatibles los sectores económicos de la población de los núcleos costeros, industria agroalimentaria, sector hostelero y turismo. Un turismo que tiene que evolucionar hacia un modelo no estacional y de bajo impacto que permita seguir conservando los valores naturales que lo sostienen.

Otra cuestión de suma importancia es mejorar los sistemas de depuración de las aguas residuales y prevenir la contaminación por residuos de nuestros mares y océanos. Estos sistemas se pagan con los impuestos por la ciudadanía y tenemos la obligación de exigir que funcionen y estén en perfecto estado de funcionamiento. Tenemos que exigir más transparencia en la gestión del ciclo integral del agua, ciclo cada vez más opaco y privatizado, y que no está dando el servicio de calidad que su importancia para la vida humana y de los ecosistemas requiere.

La provincia de Huelva es privilegiada en lo referente a la extensión de sus espacios naturales protegidos pero la franja costera y nuestros mares y océanos necesitan un tratamiento especial y requieren medidas urgentes que mitiguen los efectos del cambio climático y prevengan su contaminación, lo que reivindicamos cada día, pero especialmente hoy que se conmemora el Día Mundial de los Océanos.

Poner el foco de trabajo en la protección y conservación de nuestro litoral pasa por una acción política que deje de poner parches a los bocados del mar y lleve a cabo un Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático que proteja la franja costera de la especulación y oportunismo del urbanismo salvaje, y contribuya a mejorar la situación de los sectores económicos locales y la calidad de vida de sus habitantes.

 

 

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