El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes en una entrevista en Telecinco la monarquía parlamentaria como institución necesaria para garantizar la estabilidad que requiere el momento actual y ha dejado claro que, como presidente del Gobierno y como secretario general del PSOE, no van a cuestionar el pacto constitucional del que su partido fue uno de los arquitectos.

«Defendemos el pacto institucional, defendemos la monarquía parlamentaria, pero eso no resta para que las instituciones , si queremos garantizar la estabilidad de las mismas, den pasos a favor de algo que creo que conecta desde el punto de vista emocional, con el sentir de muchos ciudadanos, que quieren instituciones transparentes, ejemplares», ha afirmado el presidente del Gobierno.

Y ha añadido que: «No van a encontrar al PSOE ni a mi persona como presidente del Gobierno en ninguna intencionalidad de socavar ni la confianza en las instituciones ni debilitar el pacto constitucional, que creo que ha traído mucha prosperidad, democracia y futuro al conjunto de la ciudadanía española».

Sánchez ha reconocido que las noticias que se están conociendo sobre los supuestos negocios irregulares del rey Juan Carlos son «inquietantes y perturbadoras» y ha recordado que los medios de comunicación como la Justicia están haciendo su trabajo.

Además no ha querido desvelar si ha hablado de este tema con Felipe VI pero ha alabado que la Casa del Rey haya marcado distancia con los supuestos casos de corrupción que afectarían al rey emérito.

«Este Gobierno siempre va a defender la estabilidad institucional, estabilidad institucional significa tener instituciones robustas, transparencia y ejemplaridad, y todo lo que haga en esa dirección el Gobierno lo aplaudirá», ha señalado. Asimismo ha reconocido que Felipe VI, cuando llegó al trono, hizo bastante por garantizar esa transparencia.

Al ser preguntado sobre la opinión de Pablo Iglesias, Sánchez ha afirmado que PSOE y Unidas Podemos son dos partidos diferentes que forman un Gobierno y cada uno de ellos tiene su posición política.

El PSOE y la República

La dictadura de Miguel Primo de Rivera, que había sustituido al gobierno turnista en 1923, adoptó medidas represivas contra organizaciones obreras como la CNT, pero toleró los movimientos de la UGT, que se convirtió en la primera central sindical de España. Promovió también una extensa legislación social, parte de la cual se recogió en el Código del Trabajo (1926), en cuyo éxito fue clave la colaboración entre el régimen, el PSOE y la UGT.

La colaboración socialista con la Dictadura fue muy criticada por los anarquistas, y considerada por el historiador Javier Tusell como «difícil de entender desde la óptica actual». La propaganda de Primo de Rivera insistía en que el PSOE era el único partido honesto de la etapa anterior, y llegó a afirmar que pretendía crear un nuevo sistema turnista con el PSOE y la Unión Patriótica. Francisco Largo Caballero llegó a tomar posesión de un cargo de consejero de Estado el 25 de octubre de 1924.

En 1929, en pleno declive de la dictadura, que estaba ya dispuesta a aceptar en la Asamblea a cinco representantes de la UGT elegidos libremente, el PSOE rompió con la misma y se declaró a favor de la república. Aunque a título personal, un líder del partido participó en el Pacto de San Sebastián para proclamar la II República.

Ya en 1935, el PSOE participó en el Frente Popular, que aglutinaba a fuerzas republicanas de izquierdas, socialistas, comunistas y nacionalistas. Esta obtuvo un ajustado triunfo en las elecciones de 1936, pero su gobierno se vio interrumpido por el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 y la posterior guerra civil.

Tras la dictadura, en las resoluciones del partido se cita la promoción de los «valores republicanos»​ aunque el partido apoya el consenso constitucional del 1978.​ Recibieron críticas por estar en contra de celebrar un referéndum después de la abdicación de Juan Carlos I.​ Los expresidentes Felipe González y Rodríguez Zapatero​ se han posicionado en contra de una democracia semidirecta similar a la de Suiza, y en contra de la revocatoria del mandato.