Las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se mantuvieron en el país este sábado, a casi un año del estallido social en el que cientos han muerto, mientras que los testigos de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición llamaron a las partes a retomar las discusiones.

Las calles de diferentes ciudades de Nicaragua fueron colmadas de papeletas o globos de colores azul y blanco, de la bandera nacional de Nicaragua, que hoy es un símbolo de subversión contra el Gobierno, informó la Unidad Nacional Azul y Blanco, que convocó a las manifestaciones.

Los opositores también derramaron pintura azul y blanca sobre algunas pistas, colocaron rótulos azules con letras blancas en los que se pudo leer “Por la libertad” o “Nicaragua libre”, y en algunos bulevares escribieron “Vamos estudiantes”.

La particular protesta, denominada “Huella azul y blanco”, fue convocada por la Unidad para mostrar repudio hacia el presidente y en recuerdo de los primeros manifestantes muertos en el estallido social de abril de 2018.

La Policía nicaragüense mantiene una prohibición a cualquier protesta contra Ortega, medida que es criticada porque contradice la Constitución de Nicaragua, que garantiza las libertades públicas sin necesidad de permiso.

El obispo de la Diócesis de Estelí, Juan Abelardo Mata, emitió un mensaje por el aniversario del estallido social, que calificó como un “proceso de lucha cívica-pacífica, con verdaderos avances hacia una visión de patria”.

“Hemos potenciado los valores que nos identifican como nicaragüenses: la solidaridad, la creatividad, la constancia, la resiliencia, la valentía, etcétera. Hemos aprendido a organizarnos, dentro y fuera del país, abriendo camino a la unidad en la pluralidad”, dijo el obispo, un conocido crítico de Ortega.

Mata afirmó que el rescate de los valores “son hechos concretos por los cuales debemos de darle gracias a Dios y continuar manteniendo viva la llama que los jóvenes encendieron el 18 de abril de 2018. Es nuestro deber moral”.

Según el obispo, los nicaragüenses celebran “en medio del dolor, el primer aniversario de un despertar de conciencia, que ha sacudido los cimientos de una dictadura y ha puesto al descubierto ante el mundo entero las graves violaciones a los derechos humanos, de las que hemos sido víctimas en Nicaragua”.

El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla, “testigos y acompañantes” de las negociaciones que se dieron del 27 de febrero a 3 de abril, entre el Gobierno y la oposición, llamaron a las partes a intentar retomar las discusiones el próximo día 23.

El Gobierno aceptó la invitación, pero la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que insiste en no negociar hasta que el Estado cumpla con sus compromisos de liberar a los “presos políticos” y respetar la Constitución, no ha dado respuesta.

A cinco días de que se cumpla un año del estallido social, la crisis parece no tener solución.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis ha dejado 325 muertos. Algunos organismos locales elevan a 568 las víctimas mortales, y el Ejecutivo reconoce 199.

También se cuentan entre 779 y 809 “presos políticos”, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de “lesa humanidad”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.

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