EL PROYECTO ESPERANZA Adoratrices, que trabaja ofreciendo apoyo integral a las mujeres que han sufrido trata de seres humanos en todo el territorio nacional, cumple 20 años. A lo largo de este tiempo, y de forma anual, han desarrollado diferentes jornadas de sensibilización para fijar diferentes aspectos de la lucha contra la trata, para analizar lo conseguido e insistir en los retos pendientes. Este año su mirada se fijó en el acceso a la justicia y en la compensación efectiva a las víctimas de trata.

LA REVISTA Trabajadora, n. 31 (marzo de 2009), contenía una entrevista a Marta González, licenciada en Derecho, sobre la labor del Proyecto Esperanza e insistía entonces en que lo más importante era intervenir siempre desde la perspectiva de los derechos humanos. En aquél momento ni siquiera existía la trata como delito dentro del Código Penal español. Hubo que esperar hasta el año 1995 para verlo, por fin, plasmado en la legislación.

En 2014 le solicitamos un artículo para conocer qué cambios sociales, políticos y legislativos se habían dado desde que se realizó la primera entrevista, y Marta González insistía: «Sigue siendo necesario incidir en la perspectiva de derechos humanos para abordar la trata«.

Sólo en 2018, Proyecto Esperanza atendió a un total de 194 víctimas de trata, una atención que, insisten, está basada en las necesidades individuales y pensando en la recuperación física, psicológica y social de las víctimas. Además, trabajan desde una perspectiva intercultural, feminista y de derechos humanos. La inmensa mayoría de mujeres a quienes atendieron procedían de Nigeria y el resto de Colombia, Vietnam, Venezuela República Democrática del Congo y Rumanía (éste último país dentro de la Unión Europea).

El Proyecto Esperanza cuenta con un equipo de detección/identificación de casos, con equipos de apoyo especializados e integrales dirigido a las mujeres (desde casas de acogida, a información y apoyo en el ámbito médico, psicológico, educativo, jurídico y sociolaboral). En 2018, el departamento de orientación sociolaboral atendió a un total de 561 mujeres, 16 de ellas accedieron a una beca de estudio y 40 lograron un empleo. Iris Rodríguez, coordinadora del Área de Intervención Directa, señala: “El acceso a derechos básicos, como son un trabajo capaz de sostener un proyecto personal o una vivienda digna siguen siendo un desafío que choca con un contexto donde la precariedad laboral y la escasez de recursos y servicios públicos se ha normalizado”.

Compensación efectiva a las víctimas de trata

Este año, Proyecto Esperanza presentó los resultados del proyecto europeo denominado Justice at Last (Justicia, Por Fin. Acción Europea para Compensar a Víctimas de Delitos), financiado parcialmente por el Programa de Justicia de la Unión Europea y en la que han participado 10 organizaciones especializadas europeas, entre ellas La Strada Internacional, en cuya web se describe el proyecto.

El documento de análisis e incidencia política del proyecto europeocomienza describiendo la trata como un abuso de los derechos humanos: “La compensación tiene una función restaurativa, preventiva y punitiva y es una herramienta crucial en la lucha contra la trata de personas. Cada persona tratada tiene derecho a un remedio efectivo, incluyendo la indemnización; sin embargo, una serie de barreras obstaculizan que el derecho a la compensación sea consistente en la práctica. En consecuencia, muchas personas tratadas no reciben justicia”.

En esta última jornada anual participaron, entre otras, las siguientes personas: Francisco Fonseca (director de la Representación de la Comisión Europea en España), Ana Almarza (directora del Proyecto Esperanza), Joaquín Sánchez-Covisa (fiscal de sala, coordinador de Extranjería), Miriam Benterrak (de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género), Paula Gómez-Angulo (directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid), Marta González (de Proyecto Esperanza), Sandra Camacho (abogada y del Proyecto SICAR Cat Adoratrius), Ismael Delmás (jefe de uno de los grupos de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional), María Pilar Izaguerri (fiscal delegada de Extranjería de Barcelona) y la magistrada Carmen Delgado.

En la jornada se expusieron a modo de ejemplo tres casos concretos: un caso de trata interna en España, un caso de trata en la Unión Europea (Rumanía-España) y un caso de trata internacional Nigeria-España. El relato breve de todos estos casos se puede consultar, para entender mejor este fenómeno, en su página web.

Según el último informe del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos de la Unión Europea, GRETA, actualmente, en nuestro país, se conoce más y mejor sobre la trata de personas, existe una mayor sensibilización, se ha avanzado en protocolos y en directivas europeas (2004, 2011), ha habido nuevas leyes a nivel nacional y autonómico, una mayor implicación de Naciones Unidas y de la OSCE (ambas organizaciones impulsaron la creación de la relatora) y la interlocución con determinados sectores, como la Policía Nacional, ha mejorado. También mejoró la formación de profesionales y fiscales y también aumentó el número de indemnizaciones concedidas por resolución judicial, aunque no todo lo deseable.

Sin embargo, entre lo negativo, destaca que aún falta un enfoque integral que garantice la seguridad de cualquier víctima de trata de cualquier tipo; que hay que evitar la revictimización y que hay que proteger a las víctimas, antes y después del juicio. Habrá que seguir exigiendo a los Estados que se impliquen en reparar el daño moral, físico y psicológico infligido a las víctimas.

Carmen Briz (@MamenBriz) es periodista y forma parte del equipo de la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras.

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