A última hora de la tarde de este jueves, el PP, ha anunciado, de forma repentina que “suspende” las negociaciones para renovar el CGPJ después de que, según la formación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmase su intención de reformar el delito de sedición.
El PP ha emplazado al PSOE a aclarar si abordará esta reforma con las formaciones independentistas. Tras una conversación entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, el PP ha decidido que “las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el PP o quiere seguir de la mano departidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional”.
El PSOE ha respondido a Feijóo en un comunicado de urgencia que “la agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura y, por tanto, tampoco lo ha hecho en estas semanas de negociación”. Es decir, el plan de Moncloa en relación a la reforma del delito de sedición no ha cambiado en ningún momento.
Además, acusan al líder del PP de poner “una nueva excusa” y de “no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria” y le instan a cumplir con la Constitución “sin pretextos y sin dilación” tras un bloqueo de casi cuatro años del Poder Judicial.
Fuentes internas del PSOE han explicado que a Feijóo “le han temblado las piernas” y que “no tiene autonomía” cuando el “acuerdo estaba hecho”, lo que ha provocado que por enésima vez el acuerdo para renovar el CGPJ haya saltado por los aires.
“Losantos le ha dado caña, un tuit de Ayuso y a la lona. Le han temblado las piernas”, han señalado fuentes cercanas a la negociación.
“Le viene grande liderar la oposición”
A ojos de la Moncloa, esta marcha atrás del PP evidencia que Feijóo carece de la mano izquierda necesaria para contener las corrientes internas de su partido. “Demuestra que no manda y que le viene grande liderar la oposición”, insisten.
Además, le acusan de provocar una crisis institucional en el Poder Judicial con su “actitud obstruccionista”. “Está dañando el funcionamiento normal de la Justicia, así como la reputación de nuestro país en la Unión Europea”, señalan en el comunicado emitido desde Ferraz.
“La decisión de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal en este momento sólo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno”, añaden.
La posibilidad de volver a negociar es ahora remota. En el PP son “pesimistas” con la posibilidad de reconducir la situación, y en el Gobierno creen que esto podría producir un colapso en la Justicia, ya que el bloqueo del CGPJ se mantendría hasta 2024, tras las elecciones.
