La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Beatriz Rubiño, ha alertado este domingo de que el Gobierno andaluz de PP y Cs, presidido por el popular Juanma Moreno, prepara «de manera oculta avances decisivos en sus planes de privatización de la educación andaluza».
Rubiño se ha referido así a la «polémica artificial y falsa» provocada por el consejero del ramo, Javier Imbroda (Cs), en torno a los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato acordados a nivel estatal, «al mismo tiempo que la Junta trabaja en una nueva normativa para ampliar los conciertos en la comunidad y romper así el equilibrio de la enseñanza pública ante la concertada y privada».
La portavoz insistió en que la Consejería de Educación «utiliza la confrontación con el Ministerio para ocultar su hoja de ruta privatizadora» y explicó que el departamento de Imbroda trabaja en un proyecto de nueva orden autonómica para el concierto del Bachillerato y la Formación Profesional, «que va a suponer un incremento del número de conciertos educativos en Andalucía, rompiendo un equilibrio mantenido desde 1985, cuando se publicó la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, LODE».
Privatización y centros concertados
La portavoz socialista de Educación ha asegurado que el Gobierno andaluz «intenta tapar su indolencia y nefasta gestión» en la enseñanza andaluza «poniendo de nuevo la pelota» en el tejado del Ministerio de Educación y Formación Profesional» e «inventando que el Gobierno central pueda dar aprobado general este curso». Rubiño ha reiterado que PP y Cs en la Junta «mienten descaradamente» sobre el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre que, según ha explicado, tiene como objetivo «regular la difícil situación de las comunidades para gestionar el curso escolar debido a la pandemia de coronavirus y dotar de herramientas a las autonomías».
Un verdadero caos
La representante socialista ha asegurado que desde el Ministerio «se ha dado forma base al acuerdo y consenso alcanzado en la última reunión de la Sectorial de Educación de agosto pasado, adaptando los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato de forma que las administraciones educativas podrán autorizar su modificación para adecuarlos mejor a la situación provocada por la pandemia en cada comunidad».
Ha incidido así en que el Gobierno andaluz de PP y Cs es consciente de que la regulación estatal «en absoluto» implica «un aprobado general al alumnado, ya que los equipos docentes valorarán de manera colegiada y global si se alcanzan los objetivos de cada etapa; pero prefieren falsear y confrontar para desviar la atención de su absoluta incapacidad e indolencia».
Beatriz Rubiño ha denunciado que la «Consejería de Educación sigue siendo un verdadero caos y tiene sumida a toda la comunidad educativa andaluza en una situación desesperante en este nuevo curso escolar, especialmente difícil para las familias, el profesorado, el personal de administración y servicios y el alumnado».
Ha lamentado que la Junta no ha atendido las demandas de la comunidad educativa en plena pandemia y «no ha bajado la ratio, ni desdoblado aulas, ni contratado a suficientes docentes ni ha adaptado las infraestructuras educativas antes del comienzo del curso a las nuevas necesidades creadas por la pandemia».
