El pasado mes de diciembre, la que fuera vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se saltó la disciplina de voto y se abstuvo en la votación de la Ley Trans. A la salida de la votación fue preguntada sobre si temía consecuencias por haberse saltado la disciplina marcada por su partido, que votó a favor de la ley, y afirmó que “siempre” asume las consecuencias de sus actos.
Además, reconoció que se trataba de una día difícil y que se había decidido por la “opción más compleja”. “Es lo que hay que hacer en los días complejos”, aseguró. Asimismo, explicó el sentido de su voto afirmando que está “de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley” y que tampoco coincide “con el ‘no’ de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos”.
Ese mismo mes, la formación socialista ya abrió la instrucción para sancionar esta decisión, para la cual se designó a un instructor cuya labor era valorar el contexto político, la trascendencia de la votación y su actitud, además de escuchar las explicaciones de la propia diputada.
El PSOE ha resuelto el expediente abierto contra Calvo y le ha impuesto la multa máxima que prevé el reglamento interno, de 600 euros. La decisión ha sido hablada con ella, y fuentes del PSOE han defendido que se trata del procedimiento habitual cuando un diputado se equivoca o rompe disciplina de voto.
Tras tres meses de tramitación, la Ley Trans, que permite la rectificación de nombre y sexo de las personas trans en el Registro Civil a partir de los 14 años, salió adelante en el Congreso a pesar de los votos en contra de PP, Vox y casi todo Ciudadanos, así como la abstención de Carmen Calvo.
En el camino, el PSOE presentó varias enmiendas a la ley, centradas en limitar la autodeterminación de los menores y para endurecer el proceso de reversión de las personas trans, pero en comisión no consiguió el voto favorable de ningún grupo a sus iniciativas y al final decidió no mantener estas propuestas para el debate de la ley en el Pleno.
El expediente a Calvo no es el único que el PSOE ha resuelto esta legislatura decidiendo aplicar a uno de sus diputados la sanción máxima. El anterior fue al diputado vasco Odón Elorza, que recientemente ha presentado su renuncia al acta.
En su caso, se le sancionó por romper la disciplina de voto hace ahora casi un año en la polémica designación de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional.
Elorza consideró que Arnaldo no reunía las condiciones mínimas para ejercer con imparcialidad el mandato para el que se le designó en el tribunal y se mantuvo firme en su decisión: “No me arrepiento de nada”, dijo.