A pesar de las investigaciones que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abiertas sobre el monarca, la Mesa del Congreso, con los votos en contra del PSOE, PP y Vox, ha rechazado hoy por cuarta vez en menos de un año abrir una comisión de investigación sobre las cuentas del emérito.
El pasado viernes, Unidas Podemos, por un lado, y ERC, Bildu, JxCat, Más País, la CUP, Compromís y BNG, por otro, solicitaron la constitución de un órgano para investigar el presunto uso de plásticos opacos por parte de Juan Carlos I y la reina Sofía, y para indagar sobre «las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Familia Real», respectivamente.
El criterio ofrecido por los servicios jurídicos siempre ha sido el mismo: la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, «no está sujeta a responsabilidad». Asimismo, los letrados sostienen que, a pesar de que Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 en favor de su hijo, su inviolabilidad constitucional «abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado», es decir, es permanente.
Tanto las formaciones políticas Vox como PP apoyan incondicionalmente al ex monarca. En la rueda de prensa tras el Comité de Dirección, Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular ha sido preguntado hasta en cinco ocasiones por el fraude fiscal cometido por el rey emérito, quien ha presentado una declaración tributaria «sin requerimiento previo» y ha pagado 678.393,72 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal.
«Se ha escuchado mucho hablar este fin de semana de si somos iguales o no somos iguales, aplicar una ley u otra ley, tener un mismo rasero para todos pero yo veo que en algunos casos no somos iguales todos», respondía Egea a una periodista.
El pasado miércoles, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ya acusó a Gobierno de estar detrás de lo que los ultras consideran un intento de “socavar” la imagen de la monarquía española. Según ellos, el Ejecutivo, divulgó la solicitud de regularización que ha sacado a la luz las irregularidades fiscales del padre del rey con el único objetivo de dañar “los cimientos del sistema político español.
Ahora es el PSOE quien se alía con la derecha y la extrema derecha para rechazar, por cuarta vez en menos de un año, abrir una comisión de investigación sobre las cuentas del emérito.
La petición de comisión parlamentaria indica que la regularización anunciada por el abogado de Juan Carlos I «supondría la admisión de al menos una parte del fraude investigado por el Ministerio Público, y por tanto, el reconocimiento de la comisión de un delito fiscal». «La sola implicación de personas de notoria relevancia pública en la presunta comisión de un delito fiscal y un delito de blanqueo de capitales, es una cuestión de interés público que justifica una investigación parlamentaria como la que se plantea».
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