La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley sobre Venezuela, con los votos de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y PNV en la que, entre otros puntos, insta al Gobierno de España a vincular cualquier negociación o cooperación con Venezuela a la «demostración de avances en materia democrática y de respeto a los derechos humanos».

También insta al Gobierno de España a liderar en el seno de la UE «los esfuerzos internacionales para promover el Estado de Derecho y restaurar la democracia mediante elecciones democráticas, libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias».

El acuerdo ha sido posible, a pesar del bronco debate en la Comisión, a partir de un texto que había presentado el PP para denunciar la intervención judicial de partidos de oposición en Venezuela y una enmienda transaccional de Aitor Esteban, del PNV que ha advertido de que no aprobar un texto sería un «auténtico fracaso».

Del consenso se ha apartado el Grupo Confederal de Unidas Podemos, cuyo portavoz, Enrique Santiago, ha asegurado que su grupo «condena todas las violaciones de derechos humanos, ocurran donde ocurran» y también «cualquier tipo de injerencia en asuntos de otros países».

Santiago también ha pedido al Gobierno que evite que sus embajadas sean usadas «para la desestabilización de ningún país», aludiendo, sin mencionarlo, a la presencia del opositor Leopoldo López en la residencia del embajador de España en Caracas.

El informe de la ONU sobre Venezuela carece de «objetividad» y de «rigor».

Esta proposición no de ley ha salido adelante gracias al soporte que ha dado a este discurso el último informe de la ONU sobre Venezuela, el cual ha sido tachado de «una absoluta falta de objetividad» y de «rigor» por el PCE, que señala que está siendo utilizado por países y sectores alineados con la «criminal política exterior de Estados Unidos (EE.UU)» para restar legitimidad a las próximas elecciones legislativas en el país.

El PCE ha cargado contra este informe que acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a mandos militares del país, «de graves violaciones de los derechos humanos» desde el año 2014. «El documento se ha elaborado por parte de un grupo de expertos privados contratados por el Consejo de dudosa fiabilidad», señalan.

La denominada Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU nace al amparo de la Organización de Estados Americanos (OEA), del autodenominado Grupo de Lima y de países «alineados con la política exterior de Washington». Dicha misión no está reconocida por la cancillería venezolana, que sí ha renovado su colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada en el marco de la Carta de Entendimiento suscrita en septiembre de 2019.

«El informe, que denota una absoluta falta de objetividad, ha sido elaborado sin que sus autores hayan visitado Venezuela, y se basa en publicaciones aparecidas en redes sociales y en entrevistas realizadas a personas no identificadas, así como a miembros de la extrema derecha venezolana», ha señalado la formación comunista.