Después de prolongadas y tensas negociaciones, finalmente, el PSOE y Junts han llegado a un acuerdo crucial para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Este pacto incluye el registro de una ley de amnistía en el Congreso de los Diputados la próxima semana, un paso significativo en el proceso político del país. La espera ha terminado, y esta semana se convocarán los plenos para el debate de investidura, que se espera culmine con la presidencia del líder socialista.
El anuncio oficial del acuerdo se realizará este jueves, después de que ambas partes lograran superar las diferencias que habían estancado las negociaciones en torno al alcance de la ley de amnistía.
Esta ley, que será presentada y registrada la próxima semana en la Cámara Baja, según indica Eldiario.es, se ha convertido en un punto de discordia crucial entre los socialistas y sus socios de coalición, Sumar, por un lado, y los independentistas, por el otro.
Mientras los primeros deseaban limitar la ley a los eventos relacionados con el procés, los últimos buscaban ampliarla a los llamados “casos de lawfare”, acusaciones de guerra judicial que estos grupos imputan a la derecha.
La demora en las negociaciones tenía como objetivo asegurar que la ley de amnistía estuviera sólidamente estructurada y pudiera superar los trámites parlamentarios, incluyendo el esperado examen del Tribunal Constitucional.
Las conversaciones entre ambas delegaciones continuaron hasta altas horas de la noche de este miércoles, y se espera que el pacto sea presentado en las próximas horas.
Durante este proceso, varios miembros destacados de Junts, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont, se desplazaron a Bruselas para participar en las negociaciones, mientras que allí se encontraba también el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La persistencia de las negociaciones se debió en parte a la negativa de Puigdemont a ceder en ciertos aspectos, especialmente en lo que respecta a la inclusión de los afectados por el “caso Volhov”. Este caso, que investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista, incluye nombres prominentes como el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay. Además, querían que la amnistía incluyera otros nombres, como el de su abogado Gonzalo Boye y la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs.
Además de la amnistía, Junts ha estado presionando por la figura de un “mediador internacional”, yendo más allá del verificador acordado entre los socialistas y los republicanos, que estaría presente en una mesa de partidos, no solo en la mesa de negociación entre gobiernos.
Una vez que se haga público el acuerdo, se presentará en el registro del Congreso la proposición de ley de amnistía, y la presidenta de la cámara, Francina Armengol, comunicará la fecha del debate de investidura.
Se espera que, en este debate, Sánchez logre los apoyos necesarios en la primera votación, obteniendo así la mayoría absoluta de los diputados.
