En el entramado político y empresarial español, las «puertas giratorias» se han convertido en un símbolo de las sinergias, a menudo cuestionables, entre el poder público y los intereses privados. La reciente incorporación de José Manuel Soria a Forestalia, una destacada firma aragonesa del sector de las energías renovables, reaviva el debate sobre esta práctica que, lejos de ser una novedad, parece un carrusel que nunca se detiene.

José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo, cuyo legado incluye el controvertido «impuesto al sol» y recortes significativos en las primas a las renovables, ha encontrado un nuevo hogar en la industria que una vez reguló. Esta movida no solo reafirma la existencia de las puertas giratorias sino que también arroja luz sobre cómo las decisiones políticas del pasado pueden entrelazarse con las oportunidades futuras en el sector privado.

El recorte de 2.700 millones de euros a las primas de las energías renovables durante su mandato fue un golpe duro para el sector, afectando la viabilidad de numerosos proyectos y la confianza de los inversores. Sin embargo, irónicamente, Soria ahora se une a una empresa que navega en las aguas de la energía verde, una acción que plantea interrogantes sobre la integridad de su gestión pasada y las motivaciones detrás de sus políticas.

La relación de Soria con Forestalia, aunque data de colaboraciones puntuales desde 2018, y su posición en Island Green Power, sugieren una continuidad en su influencia sobre el sector energético, ahora desde la trinchera opuesta. Esta transición de un rol regulador a uno beneficiario en el mismo ámbito es precisamente lo que alimenta el escepticismo hacia las puertas giratorias: ¿Pueden los exfuncionarios actuar en el mejor interés del público cuando sus futuros profesionales pueden estar entrelazados con los sectores que antes supervisaban?

Más allá de la figura de Soria, Forestalia se ha destacado por su rápida ascensión en el sector de las renovables desde su victoria en la subasta de 2016, una hazaña que, si bien impresionante, no ha estado exenta de controversias. La empresa ha sido acusada de beneficiarse de relaciones privilegiadas, lo que añade otra capa de complejidad al debate sobre la transparencia y la ética en la interacción entre lo público y lo privado.

La investigación anunciada por las Cortes de Aragón sobre posibles irregularidades en las renovables y la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental subraya la necesidad de escrutinio y rendición de cuentas en el sector. La implicación de actores como Soria, con un historial de decisiones polémicas, solo sirve para reforzar la urgencia de este llamado.

Las puertas giratorias no son un fenómeno exclusivo de España, pero casos como el de Soria ponen de manifiesto la imperiosa necesidad de establecer mecanismos más robustos para prevenir conflictos de interés y asegurar que la gestión pública se rija por principios de transparencia, integridad y, sobre todo, la búsqueda del bien común. La confianza en las instituciones públicas y en la política energética del país está en juego, y es momento de replantear las reglas del juego.

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