Quantum Minería pierde el tren de las tierras raras

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La Plataforma Sí a la Tierra Viva solicita a la Junta de Castilla-La Mancha que proceda a la inadmisión del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa al haberse realizado fuera de plazo y la minera organiza su propia feria mediática sobre el nulo impacto ambiental de un proyecto rechazado de manera aplastante tanto por la población como por las propias Cortes Regionales, que recientemente aprobaron por mayoría absoluta una resolución que insta al Gobierno Regional a legislar contra esta actividad extractiva.

FUERA DE PLAZO

Aparte de la inadmisión a la Junta, la Plataforma ha remitido por vía urgente a la Oficina del Defensor del Pueblo un correspondiente informe para que proceda por su parte al control de la legalidad del procedimiento.

Según el criterio del equipo jurídico de la Plataforma, la mercantil habría presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fuera de plazo, ya que este terminaba el pasado 18 de febrero al regir en este caso la ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, que considera los sábados como días hábiles, a diferencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, la Ley 30/1992 establece en su artículo 48.2 “Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes”.

De las anteriores previsiones legales para la Plataforma queda claro que “el dies a quo, es decir, el primer día del plazo es el siguiente a aquel en el que se notifique, comunique o publique el acto correspondiente. No obstante, ¿cuál es el último día del plazo (dies ad quem)?” -cuestionan desde la asociación-.

Desde Sí a la Tierra Viva confirman que “el Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente sobre este particular, entendiendo que en los plazos contados por meses, el dies ad quem será el equivalente, en el mes siguiente, al día de la notificación o publicación, sin perjuicio de que el primer día sea el siguiente a éste” en sentencias como la STS 2235/2008 y la 6052/2012 -entre otras-.

LA MINERA LLEGÓ TARDE

En conclusión -valoran desde la Plataforma-, dado que en la solicitud de concesión de explotación de tierras raras tuvo fecha de notificación de 18 de noviembre de 2016, el primer día de plazo (dies a quo) del procedimiento fue el 19 de noviembre, y el ultimo día de plazo (dies ad quem) fue el 18 de febrero de 2017, siendo este día hábil según la Ley 30/1992, legislación aplicable al procedimiento (a diferencia de si hubiese estado regido por la Ley 39/2015), que considera los sábados como días inhábiles“.

Esta circunstancia conlleva que la presentación del Estudio de Impacto Ambiental por la mercantil Quantum Minería haya sido efectuada fuera del plazo legalmente establecido, ya que este se ha realizado con fecha 20 de febrero de 2017 por lo que la Administración Autonómica, en cumplimiento de la legalidad vigente, ha de remitirse al artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula la caducidad de los procedimientos” -sentencian desde el colectivo-.

PRESIÓN MEDIÁTICA EN CIUDAD REAL

Aún con el caso pendiente de resolución la minera ha presentado su Estudio de Impacto Ambiental en una rueda de prensa en Ciudad Real, provincia en la que pretende desarrollar su plan minero de tierras raras.

En un alarte casi mágico, el director técnico de Quantum Minería S.L., Enrique Burkhalter, ha afirmado, frente a la negativa reiterada de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que el proyecto pasará a consumir 88.000 metros cúbicos de agua anuales (menos de 1/5 de la prevista inicialmente), que no hay peligro radioactivo -pese a que el Consejo de Seguridad Nuclear confirmó que esta actividad extractiva es susceptible de provocar impacto radiológico– y que la superficie de explotación se ha reducido para proteger “los escasos hábitats” de protección especial en la zona –algo que contradice el criterio tanto del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España como de las principales organizaciones consultadas al respecto-.

UN PROYECTO SIN FUTURO

Sí a la Tierra Viva ha manifestado, por su parte, que se trata de un proyecto sin futuro, que nadie quiere y que está destinado al fracaso porque resta mucho más de lo que aporta, poniendo en riesgo el desarrollo futuro de las zonas afectadas tanto en el Campo de Montiel como en otras comarcas de la provincia de Ciudad Real.

 

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