El presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha desvelado que su grupo recibió el pasado miércoles de la Junta de Andalucía los datos que habían demandado sobre los trabajadores, médicos y psicólogos de los servicios andaluces de atención a las mujeres víctimas de violencia machista.
La oposición acusa a la Junta de haber cedido al chantaje de la formación de extrema derecha y de haber creado «listas negras», pero desde el Gobierno regional sostienen que no se han facilitado datos personales.
Se trata de un listado de 130 trabajadores propios y externos de la Junta, que no incluye nombres, ni sexo y en el que solo figura si los empleados están o no colegiados. Vox se agarra precisamente a esto para pedir más información y seguir investigando a estas personas.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha replicado este viernes al presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, que los trabajadores de violencia de género de Andalucía “tienen toda la preparación y capacidad necesaria para desarrollar su trabajo”.
Marín ha especificado que no se han proporcionado nombres, apellidos, sexo ni DNI de ninguna de ellas. Solo la cantidad de médicos, psicólogos y trabajadores sociales que atienden a las víctimas de violencia machista y si están colegiados o no.
La lista, además, está desglosada por provincias, algo que en un principio desde de la Junta dijeron que no harían.
Las asociaciones de mujeres creen que con esto, solo buscan desprestigiar la profesionalidad de estos trabajadores, todos licenciados. «Lo que se está haciendo es dinamitar la Ley de Violencia de Género», sostiene Lorena Abellán, vicepresidenta de Mujeres Unidas contra el Maltrato
En un primer momento, Vox había pedido nombres y apellidos, pero tuvo que reformular su petición al no ser esto legal. Algo que incluso criticó Pedro Sánchez en el Debate de Atresmedia.
Según los sindicatos, los trabajadores se sienten perseguidos, pero la Junta asegura que deberían haberse colegiado cuando cambió la ley en 2013.
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