Ha ordenado a los mossos retirar lazos y esteladas de edificios públicos, ha denunciado al presidente catalán, Quim Torra, ante la Fiscalia por desobediencia, ha llamado la atención a la vicepresidenta Carmen Calvo por el uso de las redes sociales institucionales y ha desestimado la petición de PP y Ciudadanos de prohibir las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Pese a que es un órgano permanente, la Junta Electoral Central adquiere relevancia en cuanto se convocan elecciones.

Qué es y qué funciones tiene

La Junta Electoral Central es un órgano permanente, con sede en el Congreso, que tiene como fin garantizar la transparencia y la objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. Su formación, funcionamiento y funciones vienen recogidas en la ley orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Entre sus atribuciones: resolver las quejas, reclamaciones y recursos relativos a esa ley, corregir las infracciones que se produzcan en los procesos electorales que no sean constitutivas de delito e imponer multas, dirigir y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral, velar por el cumplimiento de las normas relativas a los gastos de los partidos en procesos electorales o ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales.

También, unificar criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales y de las comunidades autónomas en materia electoral, resolver con carácter vinculante las consultas de estos organismos y cursar instrucciones de obligado cumplimiento en cualquier materia electoral. Y distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral que se emiten en los medios de comunicación públicos, dirigir la Comisión de Radio y Televisión y velar por que los datos e informaciones de los sondeos que se publiquen no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas.

Quién la forma

La Junta Electoral Central está formada por ocho vocales, magistrados del Tribunal Supremo, que se eligen a través del Consejo General del Poder Judicial, y cinco vocales catedráticos de derecho o de ciencias políticas y sociología en activo, propuestos por los partidos con representación en el Congreso. Los vocales eligen, de entre los primeros, al presidente y al vicepresidente de la Junta. Actualmente son Segundo Menéndez y Eduardo Calvo, respectivamente. El primero tiene dedicación exclusiva.

El resto de vocales magistrados son: Luciano Varela, Luis Fernando de Castro, Pilar Teso, Francisco Javier de Mendoza, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y Ana Ferrer. Los catedráticos: Andrés Betancor Rodríguez, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra; Ángela Figueruelo Burrieza, catedrática de derecho constitucional de la Universidad de Salamanca; Lourdes López Nieto, catedrática de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Inés Olaizola Nogales, catedrática de derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra; y Carlos José Vidal Prado, catedrático de derecho constitucional de la UNED.

Los vocales se nombran por Real Decreto y deben ser designados en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. Su mandato se alarga hasta la formación de la siguiente Junta, en los noventa días siguientes a la constitución del Congreso que salga de las siguientes elecciones. El secretario de la Junta es el secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén.

Cómo funciona

Las sesiones de la Junta se convocan por el presidente o a petición de dos vocales. Para que las reuniones tengan validez deben estar presentes, al menos, siete de sus miembros, aunque todos tienen la obligación de acudir o justificar su ausencia. Los acuerdos se adoptan por mayoría, con el voto de calidad del presidente, y se publican en el Boletín Oficial del Estado. Los miembros pueden inhibirse en la toma de decisiones si consideran que existe incompatibilidad con otros procesos. Por ejemplo, Luciano Varela y Ana Ferrer, miembros de la sala segunda del Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio del procés, no participaron en la votación para exigir a la Consellería de Interior de Cataluña que ordenase a los mossos la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos. Una orden por la que Torra se querellará con la Junta.

Qué otras decisiones ha tomado

La retirada de símbolos independentistas de edificios públicos en periodos electorales no es un asunto nuevo. En la campaña de 2015, la Junta ya exigió la retirada de esteladas. En esos mismos comicios, prohibió a correos distribuir la propaganda electoral de Vox por llevar impresa la bandera de España. Una decisión que el Tribunal Supremo enmendó, permitiendo el reparto. En los comicios autonómicos de 2011 y 2015, este órgano también prohibió al movimiento 15M realizar concentraciones en la Puerta del Sol durante las jornadas de reflexión y votación. No puso problemas para que se concentrasen en el mismo punto el primer día de campaña de las generales de 2011.

También es habitual que la oposición acuse al Ejecutivo de turno de utilizar los medios del gobierno con fines electoralistas. En 2016, el PSOE denunció al ministerio de Empleo por difundir la campaña ‘Una reforma por el empleo’ en medios de comunicación institucional y redes sociales. En la resolución, la Junta admitía que “en el caso que nos ocupa, la parte denunciada reconoce que debió suspenderse la emisión del vídeo denunciado; en ese sentido, no cabe sino dar la razón al denunciante en que la emisión de dicho vídeo dentro del período electoral constituye una vulneración de la LOREG”.

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