La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana censura la campaña organizada desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y entidades afines en la que, de manera totalmente contradictoria, afirma «respetar las decisiones de los tribunales de justicia» al tiempo que carga contra la «novedosa interpretación» que estos están haciendo de la Ley 21/2013, de evaluación de impacto ambiental y, en particular, del proceso de participación pública durante la tramitación ambiental de proyectos.

Al igual que el resto de la sociedad, la patronal eólica debe acatar las sentencias judiciales aunque contravengan sus planes de negocio / Salvemos Cabana

De este modo, según explica la entidad en un comunicado, la demanda de «seguridad jurídica» en proyectos eólicos como el de o O Iribio y Sasdónigas, o la paralización de los planes del Campelo, Bustelo o Monte Toural, pasaría «por darle la razón a la patronal del sector para que no afecte a las cuentas de resultados de sus empresas integrantes y/o directivos y accionistas».

Por esta razón recuerdan a entidades como la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Galega da Construción, la patronal del metal ASIME, el Colegio de Ingenieros Industriales o el sector industrial de sindicatos como CCOO y UGT en Galicia, que «en un sistema democrático el respeto por las decisiones judiciales es fundamental para garantizar la eficacia de la Justicia y en último término el Estado de Derecho, dado que las decisiones judiciales son el resultado de un proceso legal en el que se busca con datos y fundamentos determinar la verdad y aplicar la ley de manera imparcial«.

Salvemos Cabana apunta que aunque cierto sector del empresariado parece tener dudas al respecto «el respeto a las decisiones judiciales es esencial para mantener la separación de poderes en un sistema democráctico» porque «cuando se respeta y acata una decisión judicial, se respalda la independencia del Poder Judicial y se fortalece la confianza en el sistema».

«Por otra parte, el respeto a las decisiones judiciales es un pilar fundamental del Estado de Derecho y significa que todos, ciudadanía, gobernantes, y también empresas, están sujetos a los dictámenes de la Ley y deben cumplir con las decisiones tomadas por los tribunales. Este hecho garantiza en el plano eólico que las personas y comunidades afectadas por los parques sean tratadas de manera justa sin importar su postura política, relevancia social o poderío económico», remarca el colectivo.

LA REALIDAD DE LAS CIFRAS DE EMPLEO VINCULADAS A LOS PARQUES EÓLICOS

Para Salvemos Cabana llama la atención, por otro lado, «la irrealidad de las cifras de empleo inferidas por la patronal del sector eólico» cuando hasta el propio Banco de España en su último informe de expertos realizado sobre el tema ha concluido que el impacto de los parques eólicos en las tasas de empleo local es «mayoritariamente no significativo», un factor que consideran debería de tener importantes implicaciones para las Administraciones «en términos de políticas públicas».

La exhaustiva investigación, que tomó 13 años de datos mensuales, concluye a modo de resumen que «las inversiones eólicas tienen efectos muy bajos y estadísticamente no significativos sobre el empleo local durante las fases de construcción y mantenimiento«, pues aunque en estos proyectos trabajan equipos multidisciplinares «lo hacen desde la distancia» con una etapa de construcción que es «relativamente corta» llevada a cabo por contratistas «que a menudo residen en otros lugares y se mudan una vez que el trabajo está terminado». Al final, solo se realiza el mantenimiento del sitio, que «generalmente involucra a trabajadores que mantienen de forma remota varios sitios a la vez» y «no residen permanentemente en el municipio donde se ubica la inversión».

Por estos motivos el informe apuesta por un modelo más democrático y equitativo donde se promuevan las comunidades energéticas locales, se compense de manera justa a ciudadanía y los ayuntamientos y las personas residentes tengan participación directa en los nuevos proyectos, en una actitud contraria a lo que para la entidad ambientalista está sucediendo en Galicia.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA EN PROYECTOS QUE LE AFECTAN DIRECTAMENTE

A modo de conclusión, Salvemos Cabana recuerda que frente a los cantos de sirena de la patronal, el actual modelo de desarrollo eólico en Galicia es cualquier cosa menos ejemplar, ordenado y sostenible y que el acceso a los informes de valoración sobre los proyectos es fundamental para la ciudadanía, porque en muchos casos es donde se refleja cuales son los problemas que determinados parques eólicos pueden acarrear.

De hecho para el grupo «el acceso a la información pública, de igual modo que el respeto a las decisiones judiciales, desempeña un papel fundamental en una sociedad democrática al promover la transparencia, fomentar la participación ciudadana y la igualdad entre las personas y los entes empresariales, contribuyendo de este modo al progreso de la sociedad«.

Por ese motivo, justifica la entidad, «querer recortar este derecho ante la infame sospecha de que la ciudadanía no tenga la capacidad para evaluar informes técnicos que le afectan directamente es apostar por la desigualdad frente al poder económico dominante derivando hacia una sociedad más injusta y menos equitativa«.