Cornado Mina Non se solidariza con la población afectada por el proyecto que la empresa Green Soil Solutions planea desarrollar en el entorno de la localidad onubense de Riotinto.
La plataforma vecinal respalda las peticiones de la ciudadanía andaluza y alerta que una planta de tecnosoles del mismo tipo que está operando en los terrenos de la mina de Touro (A Coruña) lleva años “generando un grave problema de salud pública” y un “impacto inasumible para las vecinas y vecinos residentes en la zona”.
La promotora del proyecto en La Dehesa de Minas de Riotinto, Green Soil Solutions S.L., está vinculada a los actuales propietarios de la mina de Touro, pues David González Campos, Santiago Vallejo Álvarez y Marcos Rodríguez Jorge también son directivos de la mercantil Tratamientos Ecológicos del Noroeste (TEN S.L.), que cuenta con una instalación como la que pretende instalarse en Huelva dentro de unos terrenos que son propiedad de Explotaciones Gallegas S.L. cuya principal directiva, Eva Gómez Portela, también es socia de TEN.
En ambos casos, Cornado Mina Non recuerda que “las empresas acumulan un pasado polémico lleno de sanciones e incumplimientos administrativos y ambientales“. El pasado 29 de noviembre, por ejemplo, el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Touro para tratar sobre el procedimiento de renovación de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la mercantil TEN S.L. dejó al descubierto que desde su implantación en los terrenos de la mina de Touro en el año 2005 hasta el año 2011 la empresa estuvo operando con residuos de carácter urbano e industrial sin licencia de actividad y supuestamente sin estar en posesión de la habilitación necesaria por parte de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta de Galicia a pesar de las numerosas quejas vecinales y denuncias públicas por los pestilentes y persistentes olores originados en sus instalaciones generando un problema no solo para el municipio, sino también para toda la comarca. Además, según se ha dado a conocer en un escrito municipal firmado por la autoridad municipal el 16 de noviembre, la mercantil TEN S.L. se encuentra inmersa en la investigación de un procedimiento judicial penal llevado a cabo por la Fiscalía.
Por otra parte, Explotaciones Gallegas, propietaria de los terrenos, acumula expedientes sancionadores por la falta de control sobre sus vertidos al dominio público hidráulico (DPH) y el desvío de caudales sin autorización. De hecho, entre 2018 y 2019, la empresa recibió, por diversas irregularidades, cuatro sanciones por cuantías de 30.000, 20.000, 30.000 y 5.000 euros.
“Es en estas condiciones y con esta realidad” -denuncia el grupo vecinal- que ahora se habla por parte de la promotora del proyecto que pretende instalarse en los terrenos de Atalaya Mining en Riotinto de conceptos como “economía circular”, “convivencia en armonía con su entorno” y “todas las garantías técnicas” cuando “en Galicia está sucediendo justamente lo contrario” y “el problema de salud pública generado ya perdura en un horizonte del que no parece atisbarse el final” -concluye la entidad-.
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