Ya son cerca de 500 entidades y colectivos y más de mil personas, las que exigen ya la regularización de todas las personas migradas que viven en el Estado Español. Esto es prioritario, ya que durante las últimas semanas, y sobretodo en los últimos días, asistimos de nuevo a la instrumentalización y mercantilización de los derechos de las personas migradas en España. «Un clásico. Mientras nuestras compañeras, vecinas, hermanas… luchan por la igualdad de derechos, el Gobierno y los partidos que le apoyan siguen apostando por medidas utilitaristas y temporales», señalan desde la Coordinadora obrim Fronteres.

Según explica la coordinadora, el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, no supone en realidad ningún tipo de regularización: los colectivos beneficiarios ya contaban con autorización de residencia y, por lo tanto, se encuentran en situación administrativa regular. Podrán acceder a estos empleos, trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya entre el 14 de marzo y el 30 de junio (considerando que los plazos de los trámites ya habían quedado suspendidos por el anterior RD) y jóvenes nacionales de terceros países que se encuentren en situación regular entre los 18 y 21 años, a quien se les da acceso al derecho al trabajo.

Coordinadora obrim Fronteres señala que «se busca dar soluciones a los problemas de mano de obra que vienen demandando los productores agrícola mercantilizando derechos, como el del trabajo, que se ven negados en otras circunstancias y que ahora son impulsados por la necesidad laboral».

Asimismo, denuncia «el utilitarismo de otorgar autorizaciones de trabajo sólo para los ámbitos dónde se necesita mano de obra. Pasando de políticas basadas en los derechos humanos, a medidas basadas en las necesidades del mercado laboral, mientras se sigue perpetuando la explotación y la economía sumergida».

Tal y como apunta la abogada Pastori Filigrana y muchos de los activistas que trabajan en las zonas con mayor actividad agraria, las medidas recogidas en el RD no acabarán con el trabajo irregular. Al contrario, al suplir los puestos de trabajo con personas que de otra forma quizás desarrollarían su actividad en otros sectores de su interés (y no del interés del Estado), aquellos que habitualmente viven del campo seguirán siendo necesarios para completar el trabajo y a su vez les resultará más difícil acceder a estos empleos sin ser sometidos a los requisitos y extorsiones de las mafias.

Criterios utilitaristas y mercantilistas

En relación a la propuesta del Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso de los Diputados, la coordinadora considera que mantiene estos criterios utilitaristas y mercantilistas, aún justificándose por la emergencia sanitaria y social.

Las medidas propuestas afectan en este caso a los ámbitos sanitario, agrícola y de cuidados, condicionando así los derechos de las personas al rol laboral que pueden desempeñar.Se propone reconocer provisionalmente los títulos académicos en el ámbito sanitario y de asistencia social de las personas con residencia legal en España, perdiendo la oportunidad de reconocer estos títulos y/o la experiencia profesional obtenida por personas que se encuentren en situación irregular.

La Coordinadora obrim Fronteres apuesta por «facilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo a profesionales de otros países, lo cual no es ninguna regularización sino una contratación en origen cuando pudiera haber profesionales que no pueden ejercer por su situación administrativa».

«La única medida que facilitaría una regularización es la rebaja de los criterios para acceder al arraigo social. Durante 6 meses no se exigirían los 3 años de residencia (padrón) y se podría acceder al arraigo social “sólo” con un contrato de 3 meses. Valoramos el volumen importante de personas que podría regularizar su situación por esta vía pero lamentamos que sea puntual y que pueda perpetuar la precariedad laboral con contratos poco estables», señalan.

En cuanto a la moción presentada en el Senado, aunque insta a debatir sobre “la regularización, con efectos inmediatos y con la opción de prórroga, a todas las personas que se encuentran en situación irregular administrativa en el Estado español”; no se aclara a qué expedientes de regulación se refiere, ni los criterios que deben seguir. En cambio, incluye medidas para agilizar la tramitación de expedientes de extranjería. No se entiende si está hablando realmente de alguna regularización que ni siquiera se intuye en los puntos de la moción o de pasar a un sistema electrónico para procesar los expedientes actuales de forma más rápida.

Desde la Coordinadora Obrim Fronteres, rechazan «cualquier instrumentalización, utilización y mercantilización de los derechos humanos» y defienden «los principios de igualdad y no discriminación entre todas las personas, entre todas las ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en el territorio español, llamando a todos los colectivos y a las fuerzas políticas que se llaman progresistas a apoyar la regularización masiva inmediata y a comprometerse a efectivamente ‘no dejar nadie atrás'».

La coordinadora exige:

  1. Empadronamiento de oficio a todas las personas que vivan en el municipio.
  2. La regularización con permiso de trabajo sin necesidad de contrato de trabajo.
  3. La concesión de autorización de trabajo sin necesidad de contrato a los jóvenes ex tutelados con permiso de residencia.
  4. Reconocimiento de inmediato de la condición de refugiadas, y el pase directo a autorización de residencia en igualdad de condiciones con el resto de personas migradas.
  5. Aplicar el art. 127 “cuando concurran razones de interés público o de seguridad nacional…” entendiendo que es de interés público y social garantizar los derechos de toda la ciudadanía pasando por regularizar a los que están en situación administrativa irregular.

«Apelamos también al derecho a la vida y a la protección de la salud para los jóvenes y personas migrantes que van a acceder a estos trabajos. Se pide a los jóvenes que se expongan al contagio del COVID-19, sin garantía alguna de la duración de su permiso de trabajo ni de las medidas de protección. Exigimos que se asegure por lo menos una autorización de un año para que puedan dar continuidad a su actividad laboral en el sector que deseen, como cualquier ciudadano», señalan desde la coordinadora.