El diputado Antón Sánchez lleva a la Diputación Permanente del Parlamento de Galicia las propuestas de Galicia en Común-Anova Mareas a través de un nuevo «Plan de Xestión Pública das Residencias e centros de atención á dependiencia» para que de manera urgente los centros de mayores y dependientes privatizados durante la era Feijóo pasen de nuevo a depender de la gestión pública.

Para el diputado Antón Sánchez «poner el negocio por encima de la salud cuesta vidas» / Parlamento de Galicia

Haciendo referencia a la terrible estadística, que indica que en Galicia entorno al 45% de victimas mortales han sucedido en residencias de mayores, Sánchez afirmó que la crisis del coronavirus ha demostrado que «poner al negocio por encima de la salud cuesta vidas» y que «los datos no engañan».

Para el diputado, también portavoz nacional de Anova, es fundamental cambiar la política fiscal del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para que «deje de favorecer a las grandes fortunas», dado que «permitiría conseguir recursos para políticas públicas» y también un refuerzo de la sanidad gallega, apostando así por la reducción paulatina de los convenios con entidades privadas y terminando con la precariedad que sufren las plantillas del Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

Precisamente estos días, fue la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública la que denunció que la actuación del PP de Feijóo en la Xunta de Galicia «con la entrega a manos privadas de las residencias públicas» puso en evidencia «las deficientes condiciones, el déficit de personal y la mala gestión» de la gran mayoría de las empresas beneficiadas por la medida y fue «un factor clave» para provocar «una altísima mortalidad por el coronavirus».

La entidad recordó que aunque estas circunstancias fueron denunciadas por el Consello de Contas, la Valeduría do Pobo, por trabajadores/as y familiares», la Xunta de Galicia «no ejerció su deber de vigilar y supervisar las adecuadas condiciones» de estos recintos, insistiendo en que la incidencia del coronavirus ha sido mucho mayor en las residencias privadas que en las públicas de gestión directa.