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El Parlamento francés aprobó, dentro de la Ley de Transición Energética, multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los fabricantes que programen la vida útil de sus productos. Esta norma es la primera legislación que reconoce la existencia de la obsolescencia programada, y sanciona técnicas que introduzcan defectos, debilidades, paradas programadas, obstáculos para su reparación y limitaciones técnicas.

También Europa abordó el problema aprobando un dictamen que exige la prohibición total de la obsolescencia programada, ya que si desecháramos menos componentes electrónicos y reparáramos más, se crearían miles de empleos. El dictamen también propone que las empresas faciliten la reparación, campañas de sensibilización sobre la obsolescencia estética que se encuentra atada a las modas, y por último la implantación de un sistema de etiquetado que informe al consumidor si prefiere un producto barato u otro más caro pero más duradero. Esta última medida, sería similar a la ya implementada sobre eficiencia energética.

La obsolescencia programada está asumida como un mal necesario para estimular el consumo, pero la pasada crisis ha cambiando las conciencias, y ahora se necesita prolongar la vida útil de los productos.

Inspirándose en la norma francesa, Recortes Cero – Grupo Verde, la única candidatura ecologista que se presenta a las elecciones generales del 28 de abril en toda España, ha incorporado en su programa la propuesta de legislar para impedir la obsolescencia programada. Recortes Cero – Grupo Verde cuenta para ello con el asesoramiento técnico y jurídico de la Fundación Feniss presidida por Benito Muros.

Recortes Cero – Grupo Verde pretende impulsar un nuevo modelo de mercado basado en la sostenibilidad, en el respeto por el medio ambiente y por las personas, donde las empresas creen productos y servicios con valor añadido para sus trabajadores y para el conjunto de los ciudadanos.

Esteban Cabal, segundo candidato de Recortes Cero – Grupo Verde al Congreso en Madrid, cree que «esta ley garantizará que los fabricantes de todo tipo de aparatos electrónicos no programen el final de la vida útil de los productos de forma premeditada para incrementar las ventas de forma artificial».

Para el candidato ecologista «estas prácticas fraudulentas hacen que se agoten las materias primas de nuestro planeta, que se incrementen las emisiones de CO2 a la atmosfera, que tengamos que comprar de forma innecesaria cosas que no necesitamos y por lo tanto que particulares y pequeñas empresas nos endeudemos permanentemente, acumulando así cada vez más la riqueza en menos personas en todo el mundo».

Para Benito Muros «somos los ciudadanos quienes debemos apoyar a aquellos partidos que incluyen en su programa político la eliminación de la obsolescencia programada como único camino para cambiar un modelo económico basado en el crecimiento permanente, en la corrupción, los recortes de derechos sociales y el desastre ambiental».

Nuria Suárez, candidata Nº 1 de Recortes Cero – Grupo Verde en Madrid, afirma que “la obsolescencia programada genera innecesariamente cientos de miles de residuos que podrían evitarse. En Europa el 4 por ciento de la basura generada tiene carácter electrónico. En España se producen anualmente del orden de 800.000 toneladas”.

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