El consejero delegado de Red Eléctrica (REE), Juan Lasala, ha negado este miércoles que el Gobierno haya “obligado” a la compañía, cuyo mayor accionista (20%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a llevar a cabo la compra a Abertis del 89,68% de Hispasat por 949 millones de euros, anunciada el martes por la dueña de la red de alta tensión de electricidad.

En declaraciones a la prensa tras su intervención en el 16º Encuentro del Sector Energético organizado por IESE y Deloitte, Lasala ha recordado que el Gobierno, que tiene que dar luz verde a la operación y que es además el que concede las licencias satelitales, “es nuestro socio en Hispasat” a través de su participación en el operador de satélites, canalizada a través de la SEPI y el CDTI.

“Hacer esta operación en contra del gobierno no puede ser; ni nos ha obligado nadie ni nos ha dejado de obligar nadie”, ha señalado, preguntado por las razones por las que el presidente de REE, Jordi Sevilla, llegó a enfriar en octubre la compra porque no era su “prioridad”. 

Según Lasala, la compra del operador de satélites era una operación “importante”, una “prioridad menor”, que cuando esté cerrada va a suponer en torno al 20% de la facturación anual de REE. Con Hispasat, para la que “en principio” no se prevé un recorte de plantilla y en la que REE está abierta a incorporar a otros socios, el transportista y operador eléctrico quiere consolidarse como uno de los principales gestores de infraestructuras de telecomunicaciones en España, donde ya comercializa la segunda red de fibra óptica oscura del país, adquirida en 2014 a Adif.

El ejecutivo, que ha descartado que la transacción impacte en los compromisos de inversión del grupo porque se realiza a través de Red Eléctrica Corporación, que no aglutina sus negocios regulados, también ha rechazado que el actual ambiente político impacte en el proceso de transición energética porque “iría en contra de todos los objetivos que se están planteando” a escala europea y global. 

Lasala, que ha asegurado “no hay un país en el mundo que esté más preparado que España” para llevar a cabo ese proceso de transición hacia una economía descarbonizada, ha dicho que el reto de integrar en el sistema eléctrico 5.000 megavatios (MW) anuales de potencia fotovoltaica de aquí hasta 2030 es viable, aunque “puede ser” que puntualmente se localicen “cuellos de botella”. Sí ha reclamado, como ya hizo hace unos meses el presidente de REE, que se agilicen los trámites administrativos para la construcción de las infraestructuras energéticas que van a ser necesarias para incorporar esa nueva potencia.

En su opinión, sería “impresentable” que se empezaran a promover instalaciones de generación que eventualmente no pudieran conectarse. “No es normal que las líneas en España tarden en hacerse 6 o siete años” cuando “en China han construido una red de 3.000 kilómetros en tres años”.

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