La exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant ha recurrido ante el Tribunal Supremo la multa que le impuso por negarse a responder como testigo a la acusación de Vox en el juicio del ‘procés’, alegando que sí habría contestado a través de la sala.
En un escrito, la defensa de Reguant recurre la sanción de 2.500 euros que se le notificó la semana pasada, junto al también exdiputado de la CUP Antonio Baños, por su negativa a responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox, lo que puede acarrearles una causa penal por desobediencia.
El recurso sostiene que ni Reguant ni Baños vulneraron en ningún momento norma alguna y recuerda que, en el caso de la exdiputada, «habría estado dispuesta a contestar a todas las preguntas formuladas por el presidente de la sala».
De hecho, la defensa de la diputada mantiene que el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, alcanzó en el caso de Baños una «solución razonable y generosa», que permitía a Vox preguntar al testigo a través de él.
Sin embargo, el escrito recuerda que, pese a que se inició el interrogatorio con esa fórmula, el magistrado decidió ponerle término cuando Baños le advirtió: «¿Entiendo que es usted quien me pregunta? Porque de hecho sí que le estoy contestando al señor de Vox, que es lo que he dicho que no quiero hacer».
Según el recurso, los testigos Baños y Reguant no se opusieron a esa fórmula para el interrogatorio -tampoco las partes-, ni mantuvieron una actitud «desafiante, irrespetuosa y desconsiderada con la sala y su presidencia».
El escrito sostiene que contestar a VOX provocaría «un innegable perjuicio moral» a ambos testigos, al tratarse de un partido «abiertamente ultraderechista, antifeminista, que trivializa la violencia machista, que se niega a condenar la dictadura franquista, que desea dejar sin efecto la (ya de por sí insuficiente) Ley de Memoria Histórica y que defiende políticas de un marcado carácter xenófobo».
En ese sentido, la defensa apunta que el Supremo debe evitar usos «fraudulentos y abusivos» del ejercicio de la acusación popular, impidiendo por ejemplo «la ideología discriminatoria en el marco de la administración de justicia y reafirmando el compromiso de los tribunales en la defensa de los derechos y libertades».
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