Catalunya ha regulado el precio del alquiler por ley en aquellos municipios con más presión residencial. El Parlament aprobó en julio una proposición de ley –elaborada por el Sindicat de Llogaters y el Departament de Justícia– que contó con el apoyo de JxCat, ERC, Comuns y la CUP y que se ampara en el Código Civil Catalán.

El objetivo fue congelar los precios de los nuevos contratos y rebajar el precio medio de las renovaciones. La normativa se aplica en 60 municipios de más de 20.000 habitantes que han sufrido importantes incrementos en las cuotas, la mayoría de ellos situados en el área metropolitana de Barcelona donde, según un informe del Observatori Metropolità de l’Habitatge, las familias que viven en un piso de alquiler destinan un 45% de sus ingresos al pago de la vivienda.

Entre el 2014 y el 2019 los precios, según los datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, se han encarecido de media un 36,3% y el alquiler es ya la principal causa de desahucio en Catalunya. Según el Sindicat de Llogaters, unos cinco millones de personas se verán beneficiados por esta medida, el 70% de la población catalana.

Un ejemplo de lo necesario de esta medida la ha expuesto Jaime Palomera, miembro de Sindicat de Llogateres i Llogaters, quien ha publicado en Twitter dos fotos comparando el antes y el después de la aplicación de la ley reguladora.

«A la izquierda, antes de la ley que regula los precios del alquiler. A la derecha, después. 404€ de diferencia. No es la panacea, pero desconfía de quien te diga que esta medida no beneficia a la gente», escribe Palomera.

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